Blanco aceptó conformar la Sala Constitucional en sustitución de la ministra Miryam Peña, que se apartó del caso luego de votar por la admisión de la acción que presentó Bogado.
Blanco se suma a sus colegas Antonio Fretes y Gladys Bareiro, quienes son miembros originales de la Sala Constitucional.
Al contar con los tres integrantes, se espera que los ministros se expidan rápidamente sobre la inconstitucionalidad que presentó el legislador colorado. Este se sintió agraviado por una resolución de la Cámara de Apelación que confirmó como juez del proceso al magistrado Óscar Delgado.
Con el evidente propósito de dilatar la causa, Bogado recurrió a la Corte, que con votos de Fretes y Peña (que al principio atendió el caso) trabó el proceso penal en el caso de la “niñera de oro”. La ministra Bareiro había votado por el rechazo de la acción.
“Para otorgar viabilidad a la acción de inconstitucionalidad no basta con la sola mención de las garantías constitucionales transgredidas, sino que es necesaria la justificación concreta del daño ocasionado por la infracción de las mismas, situación no dada en la presentación; pues resulta evidente la no justificación de la lesión concreta que le ocasiona la resolución atacada”, había afirmado Bareiro. Sin embargo, Fretes y Peña votaron a favor del parlamentario.
Chicanas
Bogado fue acusado por la fiscalía el 4 de junio de 2014. Sin embargo, hasta ahora la justicia no pudo resolver si el legislador debe afrontar o no juicio oral por cobro indebido de honorarios y estafa.
La audiencia preliminar fue trabada en numerosas ocasiones debido a las chicanas de Bogado y sus abogados, que hasta ahora no fueron sancionados por el ejercicio abusivo del derecho y la evidente mala fe. Los jueces, camaristas y ministros de la Corte no aplican la ley ni la acordada que sanciona los incidentes dilatorios, así como los promovidos por el senador.
La fiscalía acusó a Bogado como autor de estafa y cómplice de cobro indebido de honorarios. El legislador cuando era titular de Diputados consiguió que la niñera de sus hijas Gabriel Quintana sea contratada por Itaipú al mismo tiempo que era funcionaria del Parlamento. El perjuicio al Estado fue más de G. 70 millones.