En agosto del año pasado, el fiscal adjunto Roberto Zacarías, en representación de la Fiscalía General del Estado, solicitó a la Corte que rechace la inconstitucionalidad promovida en forma conjunta por los procesados Camilo Soares y Alfredo Guachiré, exdirector de la Unidad Operativa de Contratación de la SEN. Los mismos pretenden que la Corte anule la acusación que supuestamente presentó en forma extemporánea la fiscala adjunta Soledad Machuca.
En su dictamen, Zacarías refiere que los procesados quieren usar al alto tribunal como una tercera instancia, lo cual no está permitido en nuestra legislación.
Sin embargo, hasta la fecha los ministros no se expiden en el caso. La falta de resolución de la Corte contribuye a la dilación del proceso al exministro de la SEN y aspirante al Senado, acusado por un perjuicio de más de G. 1.200 millones, mediante la compra sobrefacturada de coquitos.
Sospechosamente, para evitar el inicio del juicio oral, en febrero del año pasado, la doctora Peña solicitó el expediente y mediante esta maniobra favoreció a Soares.
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El expediente desde octubre del año pasado está en poder de la ministra Peña, ya que es la preopinante.
Llamativamente, la misma sigue dilatando su voto con lo cual favorece a los dos acusados por el millonario perjuicio al Estado.
Cuando asumió la presidencia de la Corte, el doctor Raúl Torres Kirmser había señalado que se va a auditar las Salas Constitucional, Penal y Civil, ante las quejas de que se cajonean los expedientes. Sin embargo, todo habría quedado en la nada, porque de lo contrario no se explica cómo los ministros siguen congelando el caso de Camilo Soares y de otros políticos procesados, con total y absoluta impunidad.
Los antecedentes revelan que el 26 de abril de 2016, luego de numerosos incidentes dilatorios de parte de los procesados, el juez penal de garantías Paublino Escobar elevó el caso a juicio.
Los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Emiliano Rolón Fernández ratificaron la resolución del juez penal Escobar en agosto de 2016.
Fiscalía acusó hace siete años
Camilo Soares fue acusado junto a Alfredo Guachiré en abril de 2011. Siete años después y gracias a la complicidad de los ministros de la Corte, específicamente los que integran la Sala Constitucional, no pueden ser juzgado en juicio oral.
Soares y Guachiré están acusados por un perjuicio patrimonial de G. 1.224.976.100 entre los meses de mayo y diciembre del 2009, aprovechando un decreto que declaró estado de emergencia nacional, para adquirir alimentos sobrefacturados, según los detalles revelados en la acusación que había presentado el Ministerio Público.