El 4 de junio de 2014, los fiscales René Fernández, Liliana Alcaraz, José Dos Santos y Claudia Criscioni, acusaron a Bogado por los hechos punibles de estafa y cobro indebido de honorarios. Luego de más de tres años de aquella presentación, la justicia todavía no pudo resolver siquiera si el legislador colorado debe afrontar o no juicio oral.
Lejos de aplicar alguna sanción al parlamentario, por las reiteradas chicanas promovidas, la Corte se prestó a la maniobra de Bogado para dilatar su caso.
Los ministros Fretes, Bareiro de Módica y Bareiro de Módica, admitieron la acción que el político colorado presentó contra la resolución de una Cámara de Apelación que confirmó al juez delgado en el proceso.
Bogado alegó que la ratificación de Delgado afecta derechos y garantías establecidos en la Constitución. Sin embargo, según fuentes, de ninguna manera la confirmación de un juez en una causa puede vulnerar principios constitucionales.
Empero, los ministros Fretes, Peña y Bareiro de Módica no lo entendieron así y admitieron la inconstitucionalidad que promovió Bogado, ya en octubre del años pasado. Es decir, pasaron ocho meses de la presentación, que la Corte recién ahora admite.
Es evidente que los magistrados intervinientes tienen la firme intención de ayudar al legislador, para que siga dilatando su audiencia preliminar.
Bogado está procesado en el caso de Gabriela Quintana, la exniñera de sus hijas que percibía irregularmente sueldos en la Cámara de Diputados y también en Itaipú, en donde fue contratada a pedido de Bogado, según la acusación fiscal. El cobro indebido fue de más de 70 millones de guaraníes.
Otros casos
En la Corte, también lograron congelar sus casos, el senador liberal Enzo Cardozo, por millonarios perjuicios al Ministerio de Agricultura, cuando era titular; el diputado colorado José María Ibáñez, procesado por pago a los caseros de su quinta de Areguá con dinero de la Cámara Baja; el exministro liberal de Obras Públicas, Enrique Salym Buzarquis, acusado por un daño de US$ 600.000 al MOPC; el exministro del Interior y Rafael Filizzola, en el caso de la compara irregular de helicópteros, cuando era ministro del Interior.