Richer manifestó que la versión de que el oficialismo ofreció el cargo de fiscal general (para el cual recientemente se llamó a concurso) al Frente Guasu, en el marco de las negociaciones por la enmienda constitucional para incluir la reelección, es un “disparate”.
Señaló, además, que era poco probable que el cartismo quiera desprenderse de un lugar clave en la estructura del Estado por una cuestión política coyuntural.
Indicó que al Frente Guasu no le interesaba una negociación de esa clase en este momento, en que las prioridades políticas son otras y están referidas al proyecto para las elecciones de 2018.
Según las versiones, el ofrecimiento al Frente Guasu era sobre la base de las candidaturas de Emilio Camacho o el exministro del interior Rubén Candia Amarilla. Richer desestimó la versión. Sobre Candia Amarilla; señaló que no era cercano al luguismo y que solamente fue ministro del Interior por pocos días durante la gestión de Lugo, por una cuestión política coyuntural.
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Concurso
El Consejo de la Magistratura (CM), sorpresivamente, resolvió la semana pasada llamar a concurso para el cargo de fiscal general del Estado. El proceso se inició el lunes último con la publicación del edicto en dos medios de comunicación y que las carpetas de los interesados serán recibidas hasta el 28 de marzo.
Durante el debate, los miembros del CM señalaron que el hecho de que no se haya llamado a concurso por el cargo vencido a fines de noviembre del año pasado ya estaba afectando la imagen de ese organismo, por lo que resolvieron abrir el proceso.
Luego de culminar la presentación de candidaturas, se iniciarán las audiencias públicas en lugar y fecha a confirmar. Cuando finalicen estas reuniones y se realice el análisis de las carpetas, el Consejo estará en condiciones de conformar una terna. Este proceso podría llevar fácilmente hasta tres meses, dependiendo de la cantidad de interesados.
El momento de conformar una terna podría coincidir con el de la integración de una nueva mesa directiva en el Congreso, que hasta ahora está en manos de los opositores y disidentes colorados. El Senado designa al fiscal con acuerdo del Poder Ejecutivo.