–¿Por qué deben ser destituidos siete y no tres ministros de la Corte? ¿Cuál es su fundamento?
–Deben irse todos los que firmaron acordadas (medida administrativa) liberticidas que violan en forma flagrante la Constitución y que les sirve de garrote para sancionar a magistrados y abogados, convirtiéndose ellos en un tribunal inquisitivo autoritario.
–¿Quiénes?
–Todos los que firmaron: Creo que son Alicia Pucheta, Óscar Bajac, Sindulfo Blanco, Luis María Benítez Riera, Gladys Bareiro, César Garay, Antonio Fretes, Luis Torres Kirmser. Ellos juraron interpretar, cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional, pero no cumplen. Cumplen su acordada.
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–¿Qué dice la acordada?
–Hay tres pero hay una específicamente, que data del año pasado pero fue puesta en vigencia por la actual nueva Presidenta (Alicia Pucheta). Establece que los abogados no pueden tener más de tres incidentes y si los jueces no los sancionan esos magistrados son pasibles de sufrir castigos, incluida la destitución.
–¿Qué tipo de castigos imponen a los abogados?
–Amonestación, suspensión de la matrícula, suspensión en el ejercicio de la profesión.
–Los dejan sin trabajar.
–De hecho, es una casación provisoria o casación de la matrícula sin plazo.
–El castigo a los abogados ¿acaso no tiene por finalidad acabar con las chicanas, las que dicen que impiden que los delincuentes vayan a la cárcel?
–A la Corte Suprema de Justicia le está vedado constitucionalmente imponer sanciones por medio de acordadas, y menos aún que tengan por objeto impedir el derecho a la defensa so pretexto de imprimir mayor celeridad a los procesos. Esta es en realidad una respuesta populista que no enfrenta el problema real. Se trata de una salida fascista para poner en práctica la máxima de Maquiavelo, en el sentido de que el fin justifica los medios. Obviamente con un criterio como este el delincuente queda impune y se castiga al inocente, pues el golpe de la justicia en estas condiciones es errado o irracional. Ahora resulta que la nueva presidenta, Alicia Pucheta de Correa, cree haber encontrado la solución al problema de la disfunción del Poder Judicial persiguiendo a los magistrados que no sancionan a los abogados y a los abogados, el eslabón más débil de la cadena, alegando morosidad judicial.
–La morosidad judicial es una realidad.
–Es cierto y es innegable que también somos responsables los abogados y los magistrados inferiores, pero en este proceso ni abogados ni magistrados disponemos de los medios para obtener los cambios de instrumentos y del poder de elegir los instrumentos con los cuales se va a trabajar qué es en resumen la ley. Si la ley permite el uso de un recurso o un incidente y este es considerado idóneo por el defensor esta decisión no puede ser penalizada sin que afecte definitiva y gravemente el derecho a la defensa que debe ser inviolable. La morosidad judicial es un problema endémico del sistema y no porque los abogados utilizan instrumentos legales del derecho. En todo caso, que los legisladores cambien la ley.
–¿Por qué los ministros de la Corte se arriesgarían a violar la Constitución?
–La verdad que debemos asumir es que ya no existe equilibrio entre los poderes del Estado. Los ministros hacen política en la función y politizan sus sentencias corrompiendo de este modo sus muy altos deberes impunemente y no pueden ir en contra de sus mandantes que son los legisladores y de última a los únicos a quienes temen. El Poder Judicial está preparado para depender del Legislativo, conformado por muchos mediocres que compran o canjean cuotas de poder en la administración de justicia o se si hace falta para mantener domesticada a la cabeza del Poder Judicial. Así obraron durante toda la transición post-stronista.
–¿Cómo?
–Ellos tienen el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en sus manos. Juzgan a los magistrados por las opiniones que expresan en sus fallos. Por eso, los jueces trabajan mal. El Jurado se volvió un órgano inquisitivo. Hace de juez y a la vez sentencia. Distorsiona en forma perversa el funcionamiento del tercer poder del Estado. Los fallos no son jurídicos. Son políticos. Ahora para agradar a sus patrones, la flamante presidenta del Poder Judicial, pone en vigencia una acordada completamente inconstitucional. Yo me siento muy afectado y herido porque el órgano que tiene que velar por la protección de mis derechos es el que viola mi derecho.
–La presidenta de la Corte dijo que el 20% de los procesos judiciales a “peces gordos” se suspende a causa de chicanas.
–Yo me pregunto si la señora presidenta sabe lo que es una chicana. Yo no defiendo la demora en que se incurre cuando se lleva a cabo una acción que estando prevista en la ley no tiene otro propósito que retardar el procedimiento. No estoy en contra. Lo que estoy en contra es que se llame chicana a aquello que molesta desde el punto de vista del magistrado a la celeridad de un proceso. El magistrado no debe ser quien decida cómo se ejerce la defensa; de lo contrario, estamos en un estado de magistrados y no en un estado de derecho. Tendríamos que preguntarles a los magistrados cómo es que quieren que se ejerza una determinada defensa para que estemos de acuerdo con ellos, y eso no es posible. En un estado de derecho, la ley es la que tiene que administrar los conflictos. La interpretación de la ley la hace el magistrado por una función específica pero que también está disponible para los abogados. Quién le dio a ella el derecho de establecer que hay una presunción de sentencia condenatoria para decir que el recurso es dilatorio, si para eso está justamente la tarea del Poder Judicial: discriminar y determinar si el planteamiento que se hizo es o no fundado, y ¿cómo se va a ejercer la defensa? ¿Quiere decir que la presunción de inocencia desaparece por acción directa de la presunción que crea la señora ministra sobre la responsabilidad penal? Es un absurdo.
–Acá se habla de ejercicio abusivo del derecho por parte de los abogados.
–Para mí es sencillo, el ejercicio abusivo está calificado de abusivo por el magistrado. ¿Por qué? porque el magistrado tiene que aplicar la ley y la ley es en realidad el problema del magistrado, no del abogado. Cuando el abogado usa un recurso que está en la ley no puede ser penalizado porque usó ese recurso.
–¿Cómo entonces se resuelve el problema de celeridad que tiene la justicia paraguaya?
–La cuestión de la celeridad no se resuelve aplicando una acordada que violenta el orden jurídico constitucional y poniendo a la Constitución de cabeza. Si los abogados somos culpables de la lentitud de los procesos, que se regule esto pero mediante una ley. Esto no es azaroso. Una fórmula que suele resultar es empleando la inteligencia a través de la investigación científica. Es muy fácil decir que una chicana es una conducta procesal de la contraparte que no nos gusta –omitiendo advertir que se trata de un recurso previsto en la ley–o de la negligencia del juez o del propio abogado. La identificación de la causa del problema no vendrá por mantenerse esta conducta mendicante y humillante de la ministra frente al Legislativo, aunque este pensamiento represente el pensamiento de todos los ministros de la Corte, y esta conducta debería ser denunciada y juzgada por mal desempeño en sus funciones al igual que los ministros que refrendaron las acordadas liberticidas 658/ 2010; Nº 709 y 105/ 2015. Ellos han establecido sanciones que solo pueden imponerse por ley, en grave desconocimiento de cuanto establece la Constitución en su artículo 17 inciso “3”. Han usurpado funciones de legisladores y por tal violación han faltado a sus deberes constitucionales y son pasibles de juicio político.
–Lo que no se puede acallar aquí es el sentimiento popular de que la justicia no funciona. Se acusa a ministros de un maridaje permanente con los políticos.
–Mire. Yo acepto que es una crítica fundada que el Poder Judicial, no la justicia, no funciona e incluyo al Ministerio Público, pero discrepo sobre las causas. Concretamente son los políticos los que se extralimitaron en sus funciones desde la Constitución del 92 en adelante. Esa extralimitación hizo que el Poder Judicial pasase a ser una dependencia del poder político. Los fallos que tenían que ser técnicos pasaron a ser fallos políticos. Esa mezcla generó una consecuencia anárquica en el funcionamiento del Estado. Esto es una fiesta política. En donde se violentó realmente el estado de derecho, en mi opinión, es en hacer que las gestiones de los ministros de Corte fuesen por plazos determinados. Debieron haber sido inamovibles desde el principio para que entonces se alejen del poder político y tengan la independencia suficiente como para incluso juzgar a los padrinos que les pusieron en sus puestos.
–Acá se hizo al revés.
–Cada gobernante que llegó trató de obtener su cuota partidaria. Es lo que hizo Nicanor (Duarte Frutos) y así, aparentemente lo hace hoy el presidente Cartes. Así sucedió con Lugo. Su destitución fue producto de esto.
–Lo que pasó con Cubas, con Oviedo. Les dieron el “criterio político” a los fallos, como hacía Calé Galaverna.
–El maridaje político-jurídico se arrastra desde el 92 y el pacto de gobernabilidad del 96.
–¿La destitución de los ministros de la Corte puede traer algún cambio en la credibilidad del Poder Judicial?
–Tal vez pero la historia nos ha llenado de frustraciones. Fíjese lo que pasó con los ministros que ingresaron: Gladys Bareiro de Módica, Luis Benítez Riera o César Garay. La gente se imaginaba cambios importantes. Sus antecesores fueron destituidos por las mismas causas que ellos hoy día alegan para mantenerse. Entonces, ¿es la solución o hay que devolver su autonomía al Poder Judicial?
–¿Por qué no se quieren ir?
–El poder es una criatura fascinante. Nadie quiere renunciar al poder. El que llega se cree enseguida imprescindible.
Entrevista de Hugo Ruiz Olazar
holazar@abc.com.py