En contacto con ABC Cardinal, la agente fiscal señaló que la investigación se originó ya hace ocho meses cuando la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) reportó un desproporcionado aumento en el patrimonio de García, por casi G. 3.000 millones cuyo origen no pudo justificar. Acotó que la investigación no salió a luz antes porque no se publicitan, salvo ocurran las imputaciones o se filtren a la prensa.

Acuña indicó que el referido informe de la Seprelad llegó al Ministerio Público en junio de 2018 y que su unidad salió sorteada.

Sostuvo que el conflicto entre la Fiscalía y la Contraloría no tiene nada que ver, pero defendió a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, de quien dijo está dispuesta a transparentar su gestión.