Ramón Ferreira, candidato de origen liberal, fue uno de los integrantes de la terna para contralor general de la República y el que más votos obtuvo: 27. En tanto, 44 diputados se abstuvieron y 9 estuvieron ausentes.
Por su parte, en la terna para subcontralor general, Clara Elizabeth Ruiz Díaz, de origen colorado, obtuvo 27 votos, 43 se abstuvieron y 10 estaban ausentes.
Para defensor del Pueblo, Jorge Rolón Luna, allegado al PDP, tuvo 24 votos, 41 se abstuvieron y hubo 15 ausentes. Finalmente, para defensor del Pueblo adjunto, Raúl Monte Domecq, cercano al Frente Guasu, tuvo 20 votos, 37 abstenciones y 23 estaban ausentes.
Los colorados asumieron la postura de no respaldar a ningún candidato debido a la falta de negociaciones previas y porque, además, entre los propuestos en las ternas para contralor y defensor titulares no fue incluido ninguno que sea allegado al oficialismo. Sobre las consecuencias de que nadie de los candidatos propuestos haya obtenido los votos necesarios, hay distintas posturas.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, dijo que se reunirán la próxima semana los de la mesa directiva y los líderes de bancada para ver si corresponde devolver las ternas al Senado, explicando la situación.
También especuló con la posibilidad de que las ternas se mantengan en la cámara y se espere un momento político “más adecuado” para votar nuevamente.
El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, elegido ayer como nuevo líder de la bancada unificada del PLRA, dijo que también cabe la posibilidad de devolver las ternas y que el Senado elija nuevos candidatos para integrarlas, en vista de que los propuestos ahora no consiguieron los votos requeridos por la Constitución.
Paquete
Según indicaron fuentes de la ANR, la intención del Poder Ejecutivo es que en particular la designación del contralor se postergue al menos hasta fin de este año, cuando ya venza el mandato del actual fiscal general del Estado (Javier Díaz) y negociar un “paquete” de cargos con la oposición.
El objetivo del Mandatario sería asegurarse de poder impulsar un candidato de su confianza en la fiscalía y que tendrá un mandato de cinco años, es decir, al menos hasta el 2021.