–Fue vicepresidente de Óscar Arias.
–Sí. (en 2006-2007). Estuve varios años en Washington. Trabajé como secretario de Asuntos Políticos en la OEA. Volví a Costa Rica hace un año donde activo políticamente.
–Su presencia en Paraguay.
–Vine en el marco de un proyecto de asistencia técnica a la autoridad electoral para el financiamiento político, con la cooperación de Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y la participación de (la consultora) Ceamso (dirigida por la economista Mónica Pérez). El objetivo es fortalecer las capacidades de la Justicia Electoral para fiscalizar el financiamiento político. También se ha hecho un esfuerzo para crear un sistema vía medios digitales que les facilite a los partidos reportar sus ingresos y gastos. Además se creó un observatorio que le proporciona a la prensa y a la ciudadanía acceso a esa información para su fiscalización.
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–Se busca calidad de la democracia. Las leyes no alcanzan.
–Paraguay ha dado pasos importantes a nivel de normas. En 2012 se aprobó una regulación que es buena en términos generales. Establece obligaciones para que los partidos reporten sus ingresos y sus gastos, establece límites a las contribuciones privadas, entre otras cosas. Es un primer elemento importante. El segundo paso es asegurarse que las autoridades encargadas de hacer valer la legislación tengan las capacidades para en efecto, hacerlas valer...
–Ese es el problema.
–Ese es un problema general en casi todos los países. O sea, hay una brecha muy grande entre lo que dice la ley y lo que en efecto se aplica.
–“Del dicho al hecho...”.
–En el caso de Paraguay es una tarea pendiente. Hay una cosa que es fundamental, que es asegurarse que la autoridad electoral tenga la independencia política para hacer valer esa legislación que, insisto, es una buena legislación. El tercer elemento que yo añadiría a los otros dos es el papel de la prensa y de la sociedad civil.
–¿Cuál?
–Que la prensa tome en serio este tema y lo investigue y lo ponga en el lente. Es quizás el mejor control que hay, mejor que el legal: tener una prensa y una sociedad vigilantes.
–El primer punto lo tenemos; el segundo es de cumplimiento dudoso; el tercero es el que parece más efectivo, el control de la prensa.
–Ojalá sea así. Si algo aprende uno cuando está en la política activa es que los políticos viven en pánico de la prensa. Y así debe ser. Es el control más efectivo. Los casos problemáticos de financiamiento que han trascendido a la opinión pública en toda América Latina en los últimos años, empezando por el de Odebrecht, en muchos casos trascienden por investigaciones de la prensa. Me parece que tiene un papel crucial.
–¿Esos casos tipo Odebrecht (financiamiento del sector privado a ciertas candidaturas presidenciales) se siguen reproduciendo?
–En los últimos años ha habido casos a muy alto nivel. Odebrecht es quizás el más notorio, pero también han habido casos en países en los que uno no se imaginaría...
–¿Dónde, por ejemplo?
–En Chile, por ejemplo, ha habido una sucesión de escándalos de corrupción relacionados con el tema del financiamiento, con un elemento de evasión tributaria también. El Lava Jato mismo (el escándalo de corrupción política en Brasil que involucró a Lula y a Dilma Rousseff) tuvo como uno de sus componentes una operación para financiar las actividades de los partidos políticos. En Honduras ha habido un caso muy grande de desfalco a la seguridad social destinada a financiar la campaña del partido de Gobierno.
–¿Y la incidencia del narco?
–Es una preocupación en la mayoría de las democracias, en unas más que otras. En Centroamérica, el peligro de que el narco se meta en las campañas es un peligro real. No es un peligro igual en todos los países. Es más serio en algunos, sobre todo en las elecciones locales.
–Se refiere a las municipales.
–Claro. Es el eslabón más débil. Para las organizaciones criminales es mucho más fácil penetrar el proceso político a nivel local. Es más barato, menos visible y, en última instancia, lo que usted como organización criminal necesita no es tener al ministro de Hacienda en planilla sino al funcionario local de aduanas; no es tener al ministro de seguridad en planilla sino al comandante de la fuerza pública en la localidad donde opera el narco. Entonces, ese es un peligro real. En la mayoría de los países, los controles legales que existen sobre el financiamiento rara vez llegan a nivel local. La solución no es fácil pero hay que tomarlo en serio. Dejar al financiamiento político a la libre es una mala idea para una democracia.
–Cómo controlar es el tema.
–No hay ninguna varita mágica pero Paraguay tiene un buen marco legal para regular las donaciones privadas, limitar el monto de estas donaciones, prohibir cierto tipo de fuentes, las fuentes anónimas, las fuentes de origen extranjero; prohibir las donaciones de contratistas del Estado (caso Odebrecht en otros países). Controlar ciertos rubros muy visibles de gasto electoral, por ejemplo, la propaganda en medios de comunicación, en televisión, en radio, todo eso ayuda. Hay que establecer reglas de transparencia clara, obligaciones para los partidos de reportar sus ingresos y sus gastos y que esos reportes sean auditados y sean públicos. Finalmente, se requiere de sanciones efectivas. Y una última cosa, es ineludible que se utilice un sistema de subsidios estatales para financiar a los partidos, que sea robusto, que haga una diferencia en términos del financiamiento de las campañas. Estas combinaciones pueden ayudar a sanear las finanzas de los partidos. Todo eso requiere de autoridades electorales que tengan la capacidad de hacer aplicar la legislación. De otro modo, todo aquello es papel mojado.
–No se ven los resultados. El subsidio es muy polémico, un barril sin fondo. Se tira mucho dinero.
–Depende de cómo lo mire. Si usted tiene un subsidio que les da poca plata a los partidos es mejor no tener nada, porque no va a surtir ningún efecto. En el caso de Costa Rica, mi país, el subsidio es muy generoso. El Estado está pagando el 85 a 90% del costo de las campañas. O sea, el financiamiento privado en Costa Rica se volvió un factor marginal. Y eso es bueno. Es cierto, cuesta plata. Si usted les da muy poquita plata, hay que tener cuidado con eso. Para que tengamos una idea, Paraguay les paga a los partidos como subsidio electoral más o menos 2 dólares por votante. En Costa Rica y en Uruguay, que es el otro caso relevante, el Estado les paga más o menos 10 dólares. Por supuesto que el subsidio es polémico en todas partes. Es muy difícil convencer a la gente en una época en que los partidos tienen muy mala fama. Pero cuando funciona es una inversión en la calidad de la democracia y, por supuesto, los resultados no se ven, por los escándalos de corrupción.
–Y bueno, ahí está el Lava Jato. Quién sabe qué fórmulas para corromper y corromperse se traen los gobiernos que llegan.
–No hay un sistema que prevenga per sécula seculorum la corrupción. Pedirle eso a un sistema de regulación de financiamiento político es pedirle demasiado. Un sistema de regulación del financiamiento político que funcione, previene aquellas irregularidades groseras que atentan contra el proceso democrático de manera más ostensible. A eso puede aspirar. Ahora, si le pedimos al sistema de financiamiento que refunde la política paraguaya y que nos dé el hombre nuevo, eso no va a pasar.
–Lo que se espera al frente es a los mejores políticos –moral e intelectualmente– y no que estemos financiando analfabetos como los que aparecen como autoridades.
–Insisto, una buena regulación del financiamiento político no le va a refundar la política ni le va a colocar lores ingleses en el Congreso. Eso no va a pasar. La calidad de la representación es un problema en nuestros países, que no se va a resolver por la vía de la regulación del financiamiento político.
–Usted como político, cómo lo ve.
–En eso yo soy muy descarnado. Yo tengo la sospecha de que la representación política se parece más al país de lo que nos gusta admitir. A veces, a nuestras sociedades les vendría bien pararse frente a un espejo. Hay una realidad. Los parlamentos en América Latina, nos guste o no nos guste se han hecho más abiertos y más democráticos. En consecuencia, se parecen más a las sociedades de lo que se parecían antes. Ya no son un grupo de patricios reunidos en un cuarto cerrado, lleno de humo, para tomar las decisiones. Ahora son asambleas más abiertas. Y no nos gusta admitir eso. Esa es otra discusión.
–La corrupción también se democratizó. Tenemos nuevos “patricios” en comunidades locales.
–No sé si se democratizó o no. Lo que sí sé es que sobre la corrupción hay más transparencia que antes. Ahora es más fácil conocer y denunciar la corrupción que una generación atrás. ¿Por qué? Debe ser por el desarrollo de las redes sociales, el esfuerzo importante de los países para establecer normas, estándares, instituciones que tienden a favorecer la transparencia, estándares que le han dado herramientas a la prensa, a la ciudadanía, a los jueces, a los fiscales para hacer preguntas incómodas. Yo no sé si hay más corrupción que antes o si se la conoce más que antes.