No se nota que los militares y policías quieran de verdad terminar con el EPP

La pregunta fue formulada por la prensa a la persona indicada y, para no decir directamente un no, el vocero de la FTC condicionó la respuesta insinuando lo siguiente: 1. Hay países más desarrollados que Paraguay que igualmente sufren los efectos de la violencia o el terrorismo. 2. Hay países cuyas fuerzas públicas cuentan con mayor tecnología que nosotros para combatirlos, pero igual tienen problemas de terrorismo. 3. Hay países que invierten mucho más presupuesto que nuestro país en seguridad, pero igual no pueden detener el terrorismo. 

Luego, ¿por qué se debe creer que las fuerzas públicas del Paraguay deben liquidar en corto tiempo el terrorismo en un país de poco desarrollo, con la tecnología obsoleta y el bajo presupuesto que se le asigna para combatir al EPP? Esto no lo dijo el Tte. Cnel. Urdapilleta, pero lo dejó instalado para tratar de convencer a la opinión pública y por sobre todo a la opinión crítica al interior de las Fuerzas Armadas, donde se comienza a notar malestar. 

Los datos divulgados señalan que el EPP hasta ahora logró recaudar 3,7 millones de dólares en concepto de secuestro, aunque no hay registro de cálculo de lo que recauda en concepto de chantaje. Sin embargo, la FTC recibió desde el año 2013 (inicio de la Era Cartes) 137.000 millones de guaraníes y para el año en curso el Congreso aprobó 14 millones de dólares de presupuesto.

¿Política de Estado?

Este dato y la sensación de que en vez de ganar se va perdiendo la batalla motivan a la opinión pública a dudar de las verdaderas intenciones del Gobierno, -mejor dicho- de los gobiernos de turno de liquidar el expediente del EPP. No se trata solo de datos cuantitativos sino de resultado de una política de Estado. 

Como se sabe, la política de seguridad del Estado paraguayo se enmarca en un plan de defensa que contempla el rol tradicional de la fuerza pública y comprende amenazas de baja intensidad, como el narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, derivaciones de lavado de dinero, inclusive deterioro del medioambiente, entre otros. 

Esta política de Estado tiene la finalidad de prevenir y controlar eficazmente las amenazas de seguridad del país, además de garantizar la existencia del Estado, su libertad e independencia y soberanía; la integridad de la población nacional, la plena vigencia del Estado de derecho y de las instituciones democráticas y la permanencia de las condiciones de estabilidad y previsibilidad indispensables para el normal desarrollo de la vida nacional. (Fuente: Ministerio de Defensa Nacional). 

Proteger a la población

Según la política de defensa, estos intereses “son permanentes y la protección de los mismos constituye obligación del Estado”, pero los gobiernos tienen la libertad de diseñar la estrategia más eficiente para amparar, librar y proteger a la población de cualquier peligro, daño o riesgo proveniente del exterior o del interior de la república. 

La defensa nacional del Paraguay debe sustentarse en la “negociación y detección oportuna de amenazas contra sus intereses nacionales; en la capacidad de reacción inmediata y en el mantenimiento de una fuerza militar permanente y suficiente para garantizar una respuesta adecuada y oportuna, para el caso en que la insuficiencia e ineficacia de los medios pacíficos obligue al país a utilizar la fuerza militar como último recurso para el ejercicio de su legítima defensa”. 

En este párrafo del documento oficial se sustenta la tesis de que el papel de las FF.AA. en el combate al EPP es fundamental, y lógico es, en consecuencia, que la responsabilidad del fracaso en el intento de garantizar una “respuesta adecuada y oportuna” recaiga fundamentalmente en las FF.AA. y que sus miembros de inferior y superior jerarquía se preocupen por ello.

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