Las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ignoran olímpicamente la superpoblación y planillerismo reinante en la institución y volvieron a contratar alrededor de 300 nuevos asalariados en los tres últimos meses.
Familias enteras de altos funcionarios de la institución, recomendados y operadores políticos copan la institución que a diario aparece sacudida por escándalos de despilfarro; sin embargo, como si le faltara personal, el TSJE solicitó al Ministerio de Hacienda la habilitación de nuevos sueldos.
La lista está dormida en Hacienda que hasta ahora no habilita los pagos.
Nuevos contratos
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“Tenemos contratos nuevos de enero y febrero, pero no se pagaron porque Hacienda no nos habilitó”, confirmó Olindo López, director administrativo del TSJE.
El costo estimado de los nuevos incorporados es de alrededor de G. 800 millones al mes. Fuentes de la institución mencionaron que la presión política es fuerte y Hacienda podría liberar los pagos en algún momento.
Algunos de los nuevos incorporados desistieron de sus contratos por la falta de cobro.
La Justicia Electoral tiene aproximadamente 7.000 funcionarios y en este año, período sin elecciones el costo para el país es de unos US$ 56 millones.
Cuando empezaron a saltar la serie de denuncias de funcionarios fantasma, voceros de la institución tenían estimados unos 1.600 planilleros, es decir, funcionarios sin una función o prestación de servicio específico.
Para salvar la situación y disminuir inminentes evidencias de ociosidad, el TSJE viene “comisionando” sus contratados a diferentes organizaciones intermedias como instituciones educativas, clubes, sindicatos, cooperativas, etc.
López señaló que dieron de baja a unos 1.407 contratados. Consultado sobre la lógica de volver a incorporar 300 nuevos funcionarios respondió que “son pedidos de diferentes direcciones y también hay pedidos de políticos”.
En enero pasado, el ente también premió con aumentos de hasta 120% a algunos contratados, todos “auxiliares”.
El TSJE es noticia por pagos irregulares, infringe normas de presupuesto como de Contrataciones Públicas.
Los choferes de los ministros figuran como coordinadores hasta de asesores, cobran hasta bonificaciones de directores cuando deberían estar en categoría de “servicios”, según había explicado el viceministro de Hacienda Ramón Ramírez. Licita compra de pasajes pero paga por servicios que no figuran en el contrato, como alojamientos de fin semana en el exterior de funcionarias vip.