“A fin de optimizar la tarea fiscal, resulta necesaria la reasignación directa de la causa de referencia (...)”, señala la resolución firmada por Quiñónez, quien aduce una solicitud de la Dirección del gabinete fiscal.

La decisión coincide con una recusación presentada contra la fiscala Muñoz por los padres de tres adolescentes alumnos del Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor), del Comando de la Armada Paraguaya.

Los recusantes alegan que la fiscala está casada con el contraalmirante Augusto Lovera Cañete, actualmente en situación de retiro, quien lleva adelante un juicio contra las Fuerzas Armadas y el Estado Paraguayo, en reclamo del pago de beneficios económicos.

Finalmente, aducen que Muñoz podría utilizar su cargo y circunstancia para presionar a las Fuerzas Armadas en beneficio de su esposo.

Esta investigación se inició a raíz de una denuncia de los abogados Jorge Rolón Luna y Diana Vargas, debido a que la legislación vigente no permite que menores de 18 hagan el servicio militar obligatorio (SMO).