Nueva ley impide destituir al contralor y otros, dice Petta

El senador Eduardo Petta (ANR, Añetete) fustigó la celeridad con que el oficialismo y sus aliados sancionaron la ley que reglamenta el artículo N° 201 de la Constitución. Subrayó que con esta norma solo se busca impedir y judicializar la aplicación de la pérdida de investidura entre diputados y senadores que cometen tráfico de influencia porque se le agrega una sentencia judicial.

La norma fue tratada el miércoles 7 de marzo en Diputados y ayer sancionada en el Senado. “Esta ley va a terminar dándole la razón al cartista Óscar González Daher (imputado por supuesto tráfico de influencias y expulsado) y de alguna manera, a Jorge Oviedo Matto (imputado por supuesto tráfico de influencias pero le aceptaron su renuncia al titular de Unace). Y para el futuro esto es un blindaje”, agregó.

En otro momento señaló que los 23 parlamentarios que aprobaron la norma ahora tendrán que ir a pedirle “perdón” a González Daher. Este último presentó su renuncia tras una filtración de audios, pero finalmente fue destituido por encabezar un esquema de presión y coimas entre fiscales y jueces.

También cuestionó a los legisladores como el llanista Fernando Silva Facetti (PLRA), vocero de la comisión de Legislación del Senado, que por presión ciudadana primero vota a favor de la destitución de González Daher para luego sostener todo lo contrario. Lamentó que Silva ahora sin la presión de la ciudadanía, argumente que se tuvo que remitir los antecedentes a la Fiscalía para que el delito de tráfico de influencia sea “fehacientemente” comprobado y una vez que se tenga sentencia, pasados varios años, el Congreso estudie aplicar la sanción.

Junto a otros senadores opositores ratificó que una ley no puede aumentar la cantidad de votos exigida para destituir a un legislador.

Indicó que si bien esta legislación afecta a 80 diputados y 45 senadores, podría ser utilizada por otros altos funcionarios pasibles de juicio político, como el contralor García, quien está imputado y soporta juicio político.