Los recién llegados Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón integrarán la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para definir si las Declaraciones Juradas de los más altos funcionarios estatales son públicas o no.
La conformación fue notificada el pasado viernes. La sala quedó constituida de esta manera luego de que Antonio Fretes se inhibiera; y las ministras Gladys Bareiro y Myriam Peña fueran recusadas, debido a que las Declaraciones Juradas de los tres forman parte de la solicitud de Acceso a la Información Pública que dio origen al proceso judicial.
La máxima instancia judicial debe definir una acción de inconstitucionalidad planteada por el excontralor Enrique García contra dos sentencias judiciales favorables al periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien había solicitado que la Contraloría entregue las Declaraciones Juradas de bienes de las más altas autoridades de la República entre 1998 y 2017.
Nuestro compañero de trabajo acudió a instancias judiciales bajo patrocinio del abogado Ezequiel Santagada, director de IDEA, ante las negativas del ente contralor a cumplir con la ley de Acceso a la Información Pública.
García había presentado la acción de inconstitucionalidad en julio del año pasado.
Falta dictamen de Quiñónez
Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, deberá definir públicamente si está a favor o en contra de la transparencia que tanto pregonó cuando quiso llegar al cargo que ocupa actualmente.
Cuando una acción de inconstitucionalidad es estudiada por la máxima instancia judicial, esta debe correr traslado también a la Fiscalía General para que este organismo brinde su parecer. Este proceso no se había podido cumplir ante la falta de integración de la Salta Constitucional.
Sí... pero no
El nuevo contralor Camilo Benítez Aldana señaló de forma reiterada que su postura personal es que las Declaraciones Juradas deben ser públicas. Sin embargo, más allá de un urgimiento presentado a la Corte en este caso, no comunicó el cambio de postura institucional a la máxima instancia judicial dentro del proceso.
En otro caso judicializado también por acceso a la información, los asesores jurídicos del ente contralor sentaron una postura gris sobre la publicidad de la información que debería ser pública. Primero señalan que sí deberían entregar las Declaraciones Juradas, pero seguidamente que no; alegando conflicto entre dos leyes.
Los otros pedidos
Además del rechazo de la acción planteada por la Contraloría, la defensa de Lezcano solicitó la ampliación de la sala y la intervención de amigos del Tribunal, o amicus curiae.
Santagada solicitó además algo inédito, pero que se enmarcaría dentro de la política de transparencia de la Corte Suprema. Específicamente pide que la Corte convoque a una audiencia de mérito sobre la causa, donde cada una de las partes exponga sus argumentos y los ministros puedan preguntar a las partes las cuestiones sobre las que tengan dudas.