Núñez Salinas chicanea para evitar posible juicio oral por contrabando

El diputado colorado Carlos Núñez Salinas, por 6ª vez logró suspender su audiencia preliminar en la acusación que enfrenta por contrabando y producción de documentos no auténticos. Cambió de abogados defensores y alegó que no fue notificado en el plazo legal de realización de la audiencia. El legislador importó por valor de US$ 922.462, pero declaró apenas US$ 17.760.

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El legislador colorado desde hace un año viene chicaneando, para evitar que se realice la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa es elevada o no a juicio oral.

En esta sexta ocasión de suspensión de la audiencia, Núñez Salinas cambió a su abogado Roberto Hirsh por los letrados Mílner Marcial Núñez y Ángel Daniel Lird, quienes inmediatamente como primer acto procesal impugnaron la fecha de realización de la preliminar y apelaron en subsidio.

Núñez y Lird argumentaron que la notificación de la fecha de realización de la audiencia preliminar debe realizarse con por lo menos 5 días de anticipación. En esta ocasión se realizó con solo 3 días de antelación, refirieron los defensores.

Tras el planteamiento del recurso, el juez penal de garantías Humberto René Otazú suspendió la preliminar.

El abogado Núñez cuestionó que “al parecer existe un ensañamiento de la Fiscalía contra Carlos Núñez Salinas, pues en el mismo proceso, otras personas fueron beneficiadas con la suspensión condicional del procedimiento; sin embargo, a mi cliente se le denegó esta posibilidad, sin argumento alguno”.

Suspendió 6 veces

A pesar de que los defensores sostienen que Núñez Salinas se somete al proceso penal, el legislador ya logró eludir en seis ocasiones su audiencia preliminar.

Paralizó las audiencias fijadas en todo el 2016, que fueron las del 20 de junio, el 19 de julio, el 11 de agosto, el 31 de agosto y el 29 de noviembre, a lo que debe sumarse la preliminar de la víspera.

Núñez Salinas fue imputado el 23 de mayo de 2013 por el fiscal Martín Cabrera por producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y contrabando.

El 18 de marzo de 2016 fue acusado por le Fiscalía y solicitó juicio oral por contrabando y producción de documentos no auténticos.

La acusación sostiene que el diputado a través de su firma Intercom Ingeniería hizo figurar la importación de ruteadores Cisco Linkey E4200 por US$ 17.760, pero Aduanas detectó que se trataron de decodificadores por un valor total de US$ 922.462.

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