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La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) sigue lucrando con la expedición de registros de conducir, pese a la creación de un organismo estatal para encargarse exclusivamente de dicha tarea.
La ONG, actualmente manejada por la intendenta de Ybycuí María del Carmen Benítez, y su marido el diputado colorado Éver Rivas solapadamente obliga a las Municipalidades de todo el país a adquirir del organismo las máquinas de impresión y los insumos utilizados.
Para asegurar el negocio, la Opaci firma un convenio interinstitucional con las Comunas y así se convierte en proveedora exclusiva. Según datos a los que accedió nuestro diario, las impresoras estarían vendiendo a precios mucho más elevados que los del mercado.
El precio de lista estaría oscilando entre los 6 y 9 millones, pero la Opaci estaría facturando a las Municipalidades en algunos casos más de G. 20.000.000. A esto se debe sumar que al vender los aparatos automáticamente atan a las Comunas a la adquisición de los insumos.
Nuestra fuente aseguró que si alguna Municipalidad se atreve a intentar licitar por su cuenta la adquisición del equipo, la Opaci utiliza como sistema de presión la consulta a la base de datos. En caso de que se requiera informe de algún ciudadano para la expedición de una licencia, los funcionarios tardan horas, o inclusive llegan a negar información a los Municipios.
De esta forma, la unificación de los modelos y sistemas de seguridad de las licencias de conducir establecida en la ley 5016/14, y que entró en vigencia en marzo pasado pasó a formar parte del sistema de recaudación de la cuestionada organización no gubernamental. La ONG hasta hoy cobra G. 10.000 a través de las Municipalidades, a cada ciudadano por la expedición, renovación o anulación de licencias de conducir.
En este concepto, solo en el 2015 la Opaci llegó a recaudar unos 17.000 millones de guaraníes. A esto se suman otros modos de recaudación que tiene la ONG como es por ejemplo la retención por transferencia de inmuebles. El presupuesto en el mencionado año en total fue de G. 41.000 millones.
Mientras el organismo manejado por políticos sigue metiendo mano en el bolsillo del contribuyente, la Cámara de Senadores hasta ahora no remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de modificación de la ley 5016 que tiene como objetivo anular el cobro compulsivo que realiza la Opaci por la expedición, anulación o renovación de licencia de conducir. La ley ya quedó sancionada en marzo.