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Mediante una simple resolución de su junta directiva presidida por el hoy exintendente de Villa Hayes Ricardo Núñez, la Opaci decidió en el 2012 aumentar de G. 5.000 a G. 20.000, el cobro en concepto de arancel por cada registro de conducir expedido, renovado o anulado por las 250 municipalidades del país.
La ciudadanía solo se entera del cobro compulsivo cuando acude a pagar por su licencia. Las municipalidades se limitan a cumplir la disposición de la organización no gubernamental que se hace llamar “sin fines de lucro”.
Según datos oficiales de la propia Opaci, con el exorbitante aumento de arancel por las licencias, logró en los últimos seis años un incremento de 250% de su recaudación, solamente en dicho rubro. En el 2010, el ingreso en ese concepto era de G. 5.025.906.108 y en el 2015 alcanzó los G. 17.780.341.321.
Brazo recaudador
Las municipalidades son utilizadas como brazo recaudador por el organismo que desde el 2010 está en manos del clan Núñez de Villa Hayes, liderado por Basilio “Bachi” y Ricardo Núñez.
El primero fue presidente de la organización en el periodo 2006-2010. Ricardo le sucedió en el cargo siendo intendente de Villa Hayes. Pese a que el organismo que había nacido como estatal en 1964 y se convirtió en una oenegé en 1997, aún era presidido por autoridades municipales.
Sin embargo, en diciembre del 2015, Núñez antes de dejar su cargo de intendente mediante una hábil maniobra logró modificar los estatutos para poder seguir presidiendo el organismo tras dejar la jefatura comunal.
El intendente de Lambaré Armando Gómez (PLRA) llegó a solicitar un recurso de amparo para impedir que Núñez se salga con la suya, pero de nada sirvió.
El 20 de enero pasado, después de una fuerte presión a los jefes comunales, fue reelecto como presidente de la organización para el periodo más (2016-2020).
Jugoso presupuesto
El motivo por el cual Núñez peleó por seguir al frente del organismo radica en el jugoso presupuesto que administra. Según datos oficiales, en el 2015 tuvo un ingreso global de G. 41.900.476.244.
De este monto, G. 11.100 millones se invirtieron solo en gastos del personal. Otros G. 11.045 millones se usaron para compra de insumos para licencia de conducir; y G. 10.000 millones fueron transferidos a las municipalidades en concepto de cobro de impuesto por bienes raíces.
G. 3.000 millones se gastaron en bienes de consumo e insumos. El resto se distribuyó en “gastos varios”.