La primera reunión de la Mesa Directiva de Diputados arrancó con el “pedido” de juicio político al contralor García, imputado por no apelar el fallo de Ivesur, con lo cual ocasionó un perjuicio de US$ 3,6 millones a los contribuyentes de Asunción.

En un manifiesto público, representantes de la Opaci, encabezados por María Carmen Benítez, intendenta de Ybycuí y esposa del diputado Tomás Rivas (ANR, cartista), señala que García, al estar imputado, no solamente pone en duda legal la continuidad en sus funciones, sino también la legalidad y la integridad de las acciones de fiscalización que pudiera tener para la Contraloría.

Consideran que el contralor debe apartarse del cargo, ya sea por su propia iniciativa o por medio del juicio político. Con esta solicitud, se evidencia que el cartismo estaría detrás de la intención de sacar a García (aliado político del senador de Avancemos País Adolfo Ferreiro) de la Contraloría.

El titular de Diputados, Pedro Alliana, consideró que las denuncias acercadas por la Opaci son graves y que existen causales de enjuiciamiento. Advirtió a García que si la próxima semana no se aparta del cargo, ellos tomarán alguna medida en Diputados, dando a entender que promoverán el pedido de los denunciantes.

Alliana indicó que en señal de unidad de las bancadas coloradas, integrada por 46 diputados de un total de 80, podrían votar a favor del enjuiciamiento de García, con lo cual podría quedar solo a cinco votos para destituir a García.

Despojo de inmunidad

La jueza Lici Teresita Sánchez comunicó a Diputados que el contralor está imputado y que requiere despojarle de los fueros para poder investigarlo por el caso de la falsificación de firmas en un escrito de apelación contra un fallo arbitral a favor de Ivesur.