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En su página web, la Opaci afirma que el proyecto de ley “General de Tránsito y Seguridad Vial, aprobado el jueves en la Cámara de Senadores tiene artículos inconstitucionales como el 22”. Este apartado establece que toda la información de las licencias es pública. Las organizaciones públicas, privadas o mixtas que gestionaran o fueran depositarias de cualquier título de información que contenga registros de conducir de cualquier categoría, emitidas por cualquier organismo competente, deberán poner a disposición de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).
Sin embargo, esta ONG se niega a facilitar la base de datos porque asegura que es “propiedad privada”. Este será uno de los elementos que utilizarán a su favor las autoridades de la Opaci, conformada por la intendenta de Ybycuí María del Carmen Benítez (ANR, cartista), su esposo el diputado cartista Ever Rivas y el clan Núñez (conformado por “Bachi”, Ricardo y Óscar).
La entidad, que hasta el año 1997 era una oficina dependiente del Estado y luego pasó a convertirse en organización no gubernamental (ONG), busca aplicar el Art. 109 de la Constitución, en el que se garantiza la propiedad privada. Pero, este apartado hace referencia a los inmuebles, sin mencionar datos informatizados u otros.
El Senado eliminó una parte del cobro indebido de Opaci referido a G. 10.000 y 20.000 por la “gestión” de la licencia de conducir y/o renovación del plástico. Los municipios les cobran a los contribuyentes y le trasladan posteriormente a la Opaci. Se mantiene la retención por la transferencia de bienes raíces e hipoteca.
ONG recaudadora
La Opaci se convirtió en los últimos años en una entidad netamente recaudadora esquilmando a los contribuyentes de las 250 municipalidades del país. El principal canon era el cobro de G. 10.000, por la expedición, renovación y anulación de los registros de conducir.
Asimismo retiene ilegalmente un 0,20% sobre los montos por transferencias de bienes raíces y operaciones de crédito (hipotecas). Este es un impuesto genuino de las municipalidades, pero la Opaci bajo el ropaje de “deudas atrasadas” en muchos casos no transfiere a las comunas. Las municipalidades también pagan una cuota anual de hasta G. 4 millones para ser socias.