LIMPIO (Juan Jara, corresponsal). La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), manejada por el cuestionado “clan Núñez”, despoja a los conductores de todos los vehículos de nuestro país de unos G. 20.000 por la renovación o expedición de licencias de conducir. El clan está integrado por Basilio, asesor político del presidente de la República, Horacio Cartes; Óscar, diputado, y Ricardo Núñez, quien fue reelecto como titular de la Opaci por otros cinco años, pese a ser exintendente de Villa Hayes.
Datos estadísticos de la Dirección Nacional del Registro de Automotores indican que en 2015 fueron habilitados 1.694.818 vehículos: 1.074.987 automóviles, 570.602 motocicletas, 2.559 autos antiguos y 46.411 maquinarias.
Un simple cálculo matemático de la cantidad de vehículos habilitados y los G. 20.000 pagados por cada contribuyente en forma obligatoria por las licencias de conducir arroja una recaudación anual de más de G. 33.896 millones. Si tuviéramos en cuenta que por cada rodado hay más de una personas con licencia de conducir, el monto sería mucho mayor; doble, triple o incluso el cuádruple.
La oenegé recibió este dinero sin sustento legal y sin rendir cuentas a ningún órgano de control, como la Contraloría General de la República (CGR).
La excusa para despojar a los ciudadanos, vía comunas, es el Decreto presidencial N° 1216/93, que menciona el aporte para el mantenimiento del sistema de registro de datos. Sin embargo, esta normativa está desfasada porque cuando se creó la Opaci era una oficina estatal, y desde 1997 funciona como una oenegé.
Los Núñez manejan la oenegé desde hace una década y aseguran continuar por otros cinco años, gracias a la modificación de la carta orgánica. Es más, si no existe reacción de los intendentes y de las instituciones de control del Estado, son capaces de “eternizarse” para mantener el lucrativo negocio.
Los hermanos villahayenses convirtieron la entidad en un botín político, gracias a su fuerte influencia en la ANR. Nombraron a parientes, amigos, prestanombres, parejas sentimentales, hurreros y operadores con millonarios salarios.
Ahora pretenden continuar con el festín con los registros de conducir gracias al “blanqueo” de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTS), que debe regular dichos cobros.