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Óscar González Daher ocupa el cargo de titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
¿Qué hace un político en un organismo técnico que tiene como función evaluar el ejercicio de jueces y fiscales?
El origen de la corrupción del Poder Judicial podemos encontrar en el mismo Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados: jueces y fiscales necesitan soporte político para evitar sanciones.
Y el poder político necesita jueces y fiscales pusilánimes para violar el marco jurídico de la República. La seguridad de que no tendrán sanciones explica las aberraciones jurídicas que cometen todos los días.
Es el mismo Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados quién brinda la impunidad necesaria a magistrados y fiscales corruptos.
El resultado es el debilitamiento de las instituciones, el descrédito del sistema democrático y la indefensión de la ciudadanía.
Encubrió a su esposa
Un ejemplo cercano del desmoronamiento del Poder Judicial ante la clase política que controla el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se tiene con el senador Óscar González Daher.
En el año 2015 comenzó un proceso judicial que involucra a dos escribanas: María Teresa Rodríguez y Nélida Chávez, esta última esposa del parlamentario en cuestión.
Ambas fueron denunciadas por falsificación de documentos públicos. El escrito fue presentado por Marino Raiter y Marilene Penkal de Raiter.
El matrimonio sostuvo que se falsificaron sus firmas para montar hipotecas por valor de 23 millones de dólares, en favor de Agro Silo Santa Catalina, integrante del Grupo Favero.
Dos dictámenes, del 30 de noviembre y del 28 de diciembre de 2015, firmados por el perito Darío Benítez Otazo, concluyeron que las firmas del matrimonio fueron falsificadas.
Esta conclusión esta relacionada con documentos montados por la escribana María Teresa Rodríguez.
En octubre de 2016, Benítez Otazo estudia los mismos documentos, las mismas firmas, pero llega a una conclusión diferente en la investigación abierta a Nélida Chávez de González.
El resultado, de fecha 13 de febrero de 2017, es el siguiente: “No es posible determinar con objetividad si las firmas atribuidas al matrimonio Raiter corresponden, debido a que las mismas presentan variaciones en cuanto a la estabilidad gráfica”.
El perito del Laboratorio Forense del Ministerio Público preparó un dictamen a la medida de Óscar González Daher: bastó con poner la existencia de dudas para que el fiscal José Martín Morínigo pida desestimar la denuncia de falsificación contra la escribana Nélida Chávez de González.
El 24 de marzo de 2017, el juez de garantías José Delmás Aguiar admitió la solicitud de la fiscalía.
Y ya está.
La escribana María Teresa Rodríguez no tiene la misma suerte. En Santa Rita (Alto Paraná) la fiscalía sigue la investigación penal por falsificación. Rodríguez sigue ligada al proceso penal.
Acuerdo muy particular
El 18 de febrero último se firmó un acuerdo de partes para desestimar denuncias judiciales: los Raiter, el Grupo Favero y las escribanas mencionadas decidieron dar por terminadas las querellas mutuas.
Los Raiter siempre reconocieron la existencia de una deuda legítima con el Grupo Favero de 10 millones de dólares, por la compra de un inmueble de 1.000 hectáreas, en Itapúa.
Los Raiter acordaron pagar con granos la cuenta existente y de ese modo la deuda con Favero quedó cancelada.
Pero aquí viene un dato muy importante. La cláusula 4 del acuerdo dice: “Las partes determinan como precio de los bienes objeto de dación en pago la suma de dólares 27.732.334 IVA incluido por así convenir a los intereses de Agro Silo Santa Catalina”.
La deuda real era 10 millones de dólares pero el Grupo Favero “aceptó” la dación de pago por más de 27 millones de dólares, correspondiente a tres inmuebles que en conjunto totalizan 1.070 hectáreas.
El precio promedio de una hectárea de tierra, en Itapúa norte, es de 10.000 dólares; Favero, en cambió, recibió por 27.700 dólares la hectárea.
¿Cuáles son los intereses de Favero a que hace mención el acuerdo?
El inmueble de 1.000 hectáreas fue sobrevaluado para consolidar el balance final de la empresa y así evitar una intervención de la Secretaría de Estado de Tributación, lo que llevaría con toda seguridad a una multa del 300 por ciento.
Los Raiter pagaron su cuenta, recuperaron las hipotecas supuestamente falsas y González Daher salvó a su esposa de una imputación ¿Y el Ministerio Público?
El delito que no se investigó
La falsificación de documentos es un delito de acción penal pública. La fiscalía es responsable de investigar este hecho punible.
Existen evidencias suficientes para sostener la posibilidad de que la escribana Nélida Chávez de González haya cometido el delito de falsificación.
La fiscalía no investigó la comisión del delito. Al contrario: pidió desestimar la denuncia presentando ante el juzgado de garantías una copia del acuerdo al que llegaron las partes.
El acuerdo en el ámbito civil no tiene aplicación ante un posible delito penal. El Ministerio Público debió cumplir su responsabilidad de seguir el proceso y no brindar impunidad a la esposa del senador.