En los partidos políticos tradicionales corre la voz de que para afrontar una campaña electoral en las elecciones generales se debe contar con por lo menos 20 millones de dólares a fin de presentar candidaturas a la Presidencia de la República, senadores, diputados, gobernadores y juntas departamentales. Se les dice a los aspirantes que para asegurar una banca en el Senado, deben aportar entre seiscientos y setecientos mil dólares, por supuesto en listas sábana. Para diputados se requiere alrededor de la mitad.
El mensaje que se transmite es que los cargos electivos no son para cualquiera, que es imposible para un ciudadano/a común enfrentar a quienes controlan los poderes internos de los partidos y movimientos políticos. Sin embargo, hay casos comprobados de candidaturas que fueron proclamadas con poca inversión, pero, además, la presentación de candidaturas para las elecciones no es la única forma de participar.
Hay personas que tienen activa participación política contando con un grupo de personas como soporte, como es el caso de Kattya González y la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Ella ejerce un fuerte activismo cívico y desarrolla una constante crítica a la corrupta administración de justicia, además de ofrecer apoyo a otros grupos sociales que se inician o persisten en el campo de la denuncia, la protesta o el control ciudadano.
Candidatarse no es la única forma de participar
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Existen grupos de ciudadanos organizados en torno a temas concretos de la realidad nacional, como son Fuera Listas Sábana y Yo quiero el Desbloqueo que buscan incidir en las decisiones de los legisladores para mejorar la representación política y, por ende, la calidad de nuestra democracia, haciendo protestas callejeras, pero también propuestas y proyectos de cómo mejorar la legislación vigente o reforzando argumentos de iniciativas ciudadanas.
Es pertinente también destacar en esta oportunidad el caso de Guatemala, país castigado también por la pobreza, la inseguridad y la corrupción, pero donde ciudadanos comprometidos con la democracia y los derechos humanos lograron tumbar al gobierno corrupto y desmantelar con ello la estructura perversa instalada por los políticos a través del tiempo.
Para que esto pudiera ocurrir se conjugaron varios factores:
1. El hartazgo de la gente por la pobreza asfixiante, la inseguridad, la corrupción galopante y el engaño de los políticos de turno.
2. El delito flagrante de los gobernantes de turno, que amparados en la impunidad, creyeron que sus delitos no tendrían consecuencias.
3. Movilizaciones de protestas ciudadanas apoyaron un convenio global en DD.HH. por el cual Guatemala se comprometió a combatir fuerzas ilegales y clandestinas de seguridad, lo que dio lugar a una comisión entre el gobierno y la ONU, instrumento con el cual se dio la patada final al gobernante corrupto.
Mucho antes que los actuales megaescándalos de corrupción del Brasil, los guatemaltecos ya tuvieron la sabiduría de trabajar los instrumentos internacionales, formar una comisión con facultades de ejercer la persecución penal o adherirse a la iniciativa del Ministerio Público en caso de delitos cometidos por miembros de las estructuras criminales.
Orden de captura del presidente
Como la vicepresidenta del país estaba envuelta en la corrupción aduanera y el propio presidente era sospechoso de estar en lo mismo, el Parlamento no tuvo otra opción que retirar la inmunidad al Presidente, además de impedir que eligiera un nuevo vice de su entorno. Esto provocó que un juez expidiera una orden de captura contra el Presidente, un rechazo por la Corte al amparo provisional solicitado por el Jefe de Estado, quien al verse acorralado, renunció.
Esto ocurrió en Guatemala en el 2015 y en las siguientes elecciones el pueblo votó a un excomediante de humilde origen que logró prosperar. Utilizó el esquema legal de un partido semiabandonado y ganó a los políticos de profesión. No le está yendo muy bien, pero la ciudadanía instauró –sin necesidad de cargos ni candidaturas– una escuela de cómo armar una plataforma legítima de desligarse de sus verdugos, castigando de paso a la casta que se dedica a formar y proteger a estos bandidos.
Es la prueba de que la política no se agota en hacer campañas electorales, formar partidos, o instalarse en el poder. Es posible incidir desde la ciudadanía, en alianza con otras fuerzas, para obtener resultados exitosos, aunque no por la vía electoral, pero con fuerte respaldo institucional.
Resumen de la nota anterior
Muchas personas están en condiciones de desempeñar un mejor papel que los actuales “representantes” de la ciudadanía, pero nadie se anima a lanzarse porque exige una garantía de respeto a su honorabilidad, exigen consenso sobre su eventual candidatura, aspiran que otros corran con los gastos de su candidatura sin poner un peso y porque confían que los votos vendrán solo porque se consideran “líderes naturales”.
ebritez@abc.com.py