Cabral, miembro de la mayoría colorada dentro de la comisión especial que evalúa el pedido de fiscalización, señaló que sin importar la validez de las denuncias, el PLRA ya bajó la directiva a sus legisladores para dar el corte de 90 días a la gestión de McLeod.
Refirió que dicha postura incluso fue ratificada anoche en la primera sesión del directorio liberal que pasa a ser presidido por Efraín Alegre.
Pero al ser interrogado sobre las acusaciones de falta de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República sobre el uso del Fonacide y royalties de Itaipú, el parlamentario simplemente afirmó que los liberales también tienen intendencias en esta situación y no toman acciones al respecto.
Por su parte, el diputado colorado Julio Javier Ríos, quien también integra la comisión parlamentaria, indicó ayer que hubo “puntos de coincidencias” con el bloque opositor que pide la intervención. No obstante, resaltó que será la mesa directiva y el pleno de la Cámara Baja los que decidan la suerte.
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Tomás Rivas (ANR), quien preside el referido órgano asesor, señaló que si bien existirían puntos acordados sobre la intervención, a su criterio, las denuncias presentadas por la mayoría de la Junta Municipal de Ciudad del Este son infundadas.
McLeod acusa también
La comisión especial ya mantuvo reuniones con los concejales denunciantes y con la intendenta de la capital departamental de Alto Paraná. En su descargo, McLeod acusó a los ediles de presentar denuncias falsas y los calificó de ignorantes y haraganes. Expresó que las acusaciones de malversación de fondos del gobierno central o de Itaipú fueron desmentidas por las mismas instancias. El día de su asistencia ante la comisión, diputados opositores denunciaron el arreo de cientos de funcionarios municipales y de la Gobernación de Alto Paraná, administrada por Justo Zacarías (ANR), hermano de su esposo Javier Zacarías Irún, actual vicepresidente 3° de ANR.