La escribana Ramírez Báez, quien realizó la escritura de protocolización de la firma Canto Rodado SA, refiere que la integración de la sociedad se hizo con dinero en efectivo, declaró el fiscal José dos Santos tras la audiencia testifical.
La transcripción notarial del acta de la asamblea de Canto Rodado SA confirma que la integración de la sociedad se hizo en efectivo. En sus orígenes la firma se constituyó con G. 100 millones.
Posteriormente, tras la nueva integración que realizó la escribana Ramírez Báez, Canto Rodado SA fue conformada por María Selva Morínigo (esposa del fiscal general) y los hijos de la pareja, Yerutí Díaz Morínigo y Alejandro Díaz Morínigo. La madre de ambos puso G. 1.500 millones en efectivo y los hijos G. 500 millones cada uno, según las escrituras públicas, con lo que se llegó a los G. 2.500 millones.
Las averiguaciones del Ministerio Público pretenden conocer de dónde sacó la familia del fiscal general con permiso Francisco Javier Díaz Verón el considerable monto de dinero.
En su declaración, la escribana Ramírez Báez también dijo que se adjuntó a la escritura una declaración jurada firmada por los comparecientes del acto para la Seprelad, en la que manifestaron que la integración de la sociedad se dio en pagarés.
Este punto no queda claro, y los fiscales deberán indagar más, ya que, por un lado, se habla de la integración con dinero en efectivo y, por otro, con pagarés. Se sospecha que se trata de una maniobra.
Ayer, la Seprelad informó a la fiscalía que desconoce el origen del dinero para la constitución de la sociedad.
El fiscal indicó que la escribana en ningún momento vio el dinero, sino que se limitó a protocolizar el acto de integración.
Idéntica declaración brindó Ramírez Báez al término de su declaración testifical. Explicó que su profesión le obliga a guardar secreto de las actuaciones, pero que la información requerida la brindó a los agentes fiscales Dos Santos y Yolanda Portillo. Esta última se reincorporó ayer a la Unidad de Delitos Económicos tras la culminación de la feria judicial.
Indemnización
Díaz Verón había señalado que su esposa conformó una “sociedad con unos amigos, con un dinero que cobró en concepto de retiro voluntario”.
Sin embargo, el efectivo registrado en las escrituras de dos sociedades: Salty River SA y Canto Rodado SA, asciende a G. 3.000 millones.
El monto que cobró la mujer fue de G. 203 millones, no llega ni al 10% de lo invertido. Luego de conocerse estas millonarias inversiones, el contador de ambas sociedades, Robert Alegre, dijo a la Fiscalía que “las dos sociedades se constituyeron con pagarés”.
Por otro lado, María Delia Vera Ortigoza, exfuncionaria contratada de la Fiscalía, aparece como fiscalizadora de Salty River SA, firma donde la esposa del fiscal general tiene acciones a través de la sociedad Canto Rodado.
Salty River se creó en diciembre de 2013 y Vera Ortigoza percibió sueldos en el período 2014-2015 en fiscalía. Es decir, Díaz Verón contrató a la síndica de la empresa de su esposa. Héctor Rubén Recalde, presidente de Salty River, declara hoy a las 8:00 en la Fiscalía.