Fernando Román, gerente de la empresa Mocipar, quien tiene nexos comerciales con el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), recusó a los fiscales Leonardi Guerrero, Sussy Riquelme, Rodrigo Estigarribia, Natalia Fúster y Luis Piñánez, quienes desde la semana pasada realizan una serie de allanamientos y colectando evidencias que comprometen a Zacarías Irún, en supuesto enriquecimiento ilícito.
La fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Soledad Machuca, informó a los fiscales de la recusación cuando estos estaban terminando varios procedimientos en el Este. El fiscal Guerrero, quien encabeza el equipo investigativo, confirmó que fueron recusados y serán apartados del caso momentáneamente.
Con todos los documentos que se requisaron de los procedimientos se rumoreaba que en los próximos días se iba a presentar la imputación contra el clan ZI y que había sobradas pruebas de la comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. Pero Román se adelantó y sacó del camino temporalmente a al equipo fiscal. Ahora la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debe nombrar a un nuevo fiscal hasta resolver la recusación.
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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). La Fiscalía requisó varios documentos que obraban en los estudios contables Marber y de la contadora María Isabel Recalde, que manejaban las facturaciones de las empresas vinculadas a la familia Zacarías y que se adjudicaron millonarias licitaciones en la Gobernación del Alto Paraná y la Municipalidad local. El primer procedimiento fue en el edificio Emperador en un estudio contable denominado Gloria, pero el local estaba desalquilado. Luego fueron al barrio Las Carmelitas, al estudio contable Marber, y el último allanamiento fue en una vivienda ubicada en el Área 8 de la contadora María Isabel Recalde.