Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces para denunciar la corrupción, para la Corte de nuestro país es más importante la "buena fama social" de Galaverna que los hechos de corrupción en el BNT, en donde el legislador protegió a su amigo Edgar Cataldi, condenado a 10 años de cárcel, precisamente por el vaciamiento del referido banco.

La Corte Interamericana sostiene que la regla debe ser la publicidad de los presuntos actos de corrupción, en el fallo que condenó al Estado paraguayo a pagar más de 35 mil dólares al ingeniero Ricardo Canese, a quien la justicia había procesado y condenado por más de ocho años. Fue a raíz de una crítica a Juan Carlos Wasmosy, entonces candidato a presidente de la República. Los empresarios vinculados a Conempa se agraviaron y querellaron a Canese.

En su sentencia condenatoria al Estado paraguayo, gracias a los fallos manipulados del Poder Judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo: "El libre discurso y debate político son parte esencial para la consolidación de la vida democrática de las sociedades. Dado el interés social imperativo que rodea a este tipo de debates, las justificaciones permisibles al Estado para restringir la libertad de expresión en este ámbito son mucho más estrictas y limitadas que el derecho a la libertad de expresión e información, que es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público. El derecho a la libertad de expresión es precisamente el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad. Muchas veces, estos debates pueden ser críticos y hasta ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están vinculados a la formulación de la política pública", resaltó.

"La libertad de expresión es una de las formas más eficaces para denunciar la corrupción. Además, la regla debe ser la publicidad de los presuntos actos de corrupción", agregó la CIDH.

Sin embargo, la Corte paraguaya condenó al director de ABC Color a pagar una multa y una composición por una serie de publicaciones referentes al saqueo al Banco Nacional de Trabajadores, en donde supuestamente Galaverna tenía varios protegidos, entre ellos su amigo Edgar Cataldi, quien fue condenado a 10 años de penitenciaría.

El tribunal de apelaciones que juzgó el vaciamiento del BNT había modificado la calificación del hecho y agregó que hubo una asociación criminal para concretar el saqueo. Sin embargo, la misma justicia y la fiscalía no se animaron a investigar a los socios de Cataldi, quienes les brinda a él y a otras ex autoridades toda la protección política.

Cataldi hasta ahora goza de protección, teniendo en cuenta que la justicia paraguaya no puede lograr su extradición. El ex titular del BNT, a través de un abogado, se puso a disposición de la justicia argentina y logró su eximición de prisión.

La Corte condenó a Zuccolillo a pagar una multa de G. 754.002.000 al Estado, y a Galaverna, una composición por el mismo monto.

La sentencia fue firmada por los ministros Víctor Núñez, Wildo Rienzi, Oscar Bajac, Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes, Alicia Pucheta y José Altamirano; también fue firmada por los camaristas Agustín Lovera Cañete y Emiliano Rolón Fernández, quienes integraron el alto tribunal en sustitución de Sindulfo Blanco y César Garay.