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Para ONU, asesinato de Quintana es “presunta ejecución extrajudicial”

Este artículo tiene 9 años de antigüedad

El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura emitió ayer un informe donde califica la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana como “presunta ejecución extrajudicial” y pide investigar el caso a fondo.

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En Ginebra, Suiza, concluyó ayer el 61º periodo de sesiones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura con un duro informe contra el Paraguay.

Al hacer un repaso de todo lo que hace a los derechos humanos en el país valora los esfuerzos del Gobierno, pero critica el uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos policiales y califica como “presunta ejecución extrajudicial” el asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana en la sede del PLRA en la madrugada del 31 de marzo pasado.

También “expresa su preocupación ante informaciones que denuncian el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, e incluso actos de tortura y malos tratos contra personas arrestadas, en el marco de los disturbios originados por las protestas ocurridas entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2017 en Asunción”.

Recomienda al Gobierno “velar porque se realicen investigaciones prontas, imparciales y eficaces de todas las denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y los actos de tortura y malos tratos por miembros de las fuerzas del orden, incluido durante las manifestaciones en Asunción el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, y asegurarse de que los autores sean enjuiciados y las víctimas reciban una reparación adecuada”.

Además recomienda “intensificar sus esfuerzos por impartir capacitación sistemática a todos los agentes del orden sobre los principios de precaución, proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza, especialmente en el contexto de manifestaciones”.

Cuestionan a FTC 

En su informe, el Comité también cuestiona la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta que opera en el norte del país y aconseja tomar medidas para evitar los excesos.

Recomienda “garantizar que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por la FTC, incluidos los actos de tortura y malos tratos, se investiguen con prontitud, eficacia e imparcialidad en la jurisdicción ordinaria y que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, condenados de acuerdo con la gravedad de sus actos”.

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