Paraguay busca asesoramiento del Brasil en lucha contra la inseguridad

El Gobierno  y las Naciones Unidas solicitaron  al Brasil que asesore durante la ejecución  del programa de seguridad y justicia que se elaboró  en nuestro país en 2010. Funcionarios de la Fiscalía, Senad y Ministerio del Interior  se reunieron ayer con representantes del Gobierno   brasileño en la Cancillería.

La reunión de apertura y coordinación de la misión de prospección conjunta de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se realizó en la Cancillería  para evaluar una posible participación del Gobierno de Brasil en un programa específico que se ejecuta en Paraguay.

Se trata del "Programa Nacional Integrado para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, la Seguridad y la Justicia en el Paraguay", elaborado a lo largo del 2010 entre representantes de las instituciones nacionales competentes en temas de Seguridad y Justicia, a fin de considerar las necesidades y requerimientos de cada una de ellas.   

El objetivo del programa es la asistencia y asesoramiento técnico en las siguientes tres áreas:  Crimen organizado y tráficos ilícitos;  justicia y anticorrupción, y la  reducción de la demanda de drogas y tratamiento.   

Durante el encuentro se realizó la coordinación entre representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)  con representantes de la citada misión de prospección conjunta, cuyas actividades se extenderán hasta el  jueves con visitas a cada una de las instituciones involucradas en el programa.

Preocupados por corrupción en la Justicia

Varios de los representantes paraguayos manifestaron, durante  la reunión con los brasileños y funcionarios de Naciones Unidas, que una de las principales preocupaciones del Gobierno es la imperante corrupción en todos los estamentos del Estado, principalmente en la justicia. Explicaron que una gran mayoría de magistrados benefician a elementos del crimen organizado otorgándoles la libertad en forma irregular a cambio de millonarias coimas.