Una misión exploratoria de la Unión Europea se encuentra en el país, hasta el 6 de diciembre próximo, fecha en que retornarán al viejo continente para elaborar un informe de los datos que recabaron tras las diferentes reuniones que mantuvieron con autoridades y referentes de la sociedad civil en el Paraguay, y posteriormente, decidir si envían una misión de observación para las elecciones generales del 2018.
Paolo Berizzi, jefe de la delegación de la UE, reconoció el incumplimiento de varias recomendaciones del 2013, haciendo la salvedad que no eran obligatorias.
Indicó que la misión de seguimiento que vino en el 2015 elaboró un informe pormenorizado sobre el cumplimiento de aquellas propuestas realizadas dos años atrás. El resultado fue que de las 49 recomendaciones que la UE entregó al Paraguay, para que varias instituciones se adecuaran como el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Congreso Nacional, la Policía, el Poder Ejecutivo, entre otras, encontraron que 23 fueron ignoradas y gran parte aplicada en forma parcial.
Una de las recomendaciones que sí se tuvo en cuenta en Paraguay fue la ley de Acceso a la Información Pública promulgada en el 2014, que fue calificada como una herramienta de transparencia estatal.
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Pero en contrapartida, la gran falencia que hallaron fue la falta de reglamentación de la ley de Financiamiento Político. Su estudio fue bastante postergado adrede en la Cámara de Diputados para que no entre en vigencia en las internas del 17 de diciembre y las generales de abril del 2018.
El Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue una recomendación de la UE, quienes a su vez, cuestionaron que no se haya establecido transporte gratuito durante la jornada electoral, dejando al elector a merced de los recursos de los partidos políticos.
Además de las observaciones destacadas en la infografía de arriba, lamentaron que no se haya puesto mayor énfasis en campañas de cedulación masiva, aunque sí levantaron el pulgar a la iniciativa del TSJE de implementar un mecanismo de voto inclusivo. En este punto, la UE planteó que las personas privadas de su libertad también puedan ejercer el voto, pero la iniciativa legislativa fue rechazada y archivada en el Congreso.