El 21 de enero último, dentro del plazo procesal fijado, el Gobierno presentó una solicitud de desestimación de la demanda interpuesta por la SACE, informó ayer el procurador general de la República, Roberto Moreno Rodríguez. La presentación fue elaborada por el estudio jurídico contratado por el Gobierno nacional Williams & Connolly LLP, con sede en la capital de los EE.UU., con la colaboración de la Procuraduría General de la República.
La presentación tiene por objetivo establecer una defensa previa al fondo de la cuestión, que es evitar el pago del fraude, que ronda los US$ 95 millones.
La petición, informó el procurador Moreno, está fundada en que el Paraguay, como nación soberana, tiene inmunidad frente a la demanda presentada en los EE.UU. y no ha renunciado a dicha inmunidad, y “por tanto no puede ser demandado por SACE” en dicho país.
“No hay jurisdicción”
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El procurador informó que “como causal adicional para la desestimación”, Paraguay ha sostenido en su contestación que el tribunal de los EE.UU. no tiene jurisdicción sobre el caso, según las leyes de este país debido a que las partes y los hechos no tienen relación alguna con dicha nación.
Asimismo, explicó que el Estado ha enfatizado la conducta contraria a la buena fe de SACE, ya que la empresa italiana había sostenido literalmente para su defensa en los juicios en Suiza e Italia que las garantías eran “falsificaciones manifiestas” y que habían sido preparadas en grosera violación a la Constitución de Paraguay y sin embargo ahora cambia de postura y se presenta en un tribunal con la intención de cobrarle un millonario monto a nuestro país.
Conforme a los procedimientos en los EE.UU. el procurador informó que la SACE tiene tiempo de contestar la presentación paraguaya hasta el 21 de marzo. Ahí el país tendrá a su vez la oportunidad de dúplica a la respuesta del SACE hasta el 21 de abril de este año.
El tribunal puede disponer una audiencia para discutir la solicitud, en la cual se dará la oportunidad a los abogados de Paraguay y SACE de comparecer y argumentar sus respectivas posiciones. El tribunal de los EE.UU. posteriormente tomará una decisión sobre lo planteado.
Historia de un fraude
A inicios de agosto del año pasado, el Gobierno fue notificado de que la aseguradora italiana Sezione Speciale per L’Assicurazione del Credito All’Esportazione (SACE) presentó en Washington DC una demanda contra el país por US$ 95 millones.
La fraudulenta deuda fue contraída en Ginebra (Suiza) por el argentino Gustavo Gramont Berres, cuyo nombre verdadero es Benjamín Levy Avzarradel.
Entre los años 1986 y 1987, Gramont Berres se arrogó la representación del Estado paraguayo cuando se desempeñaba como “embajador itinerante” y cónsul honorario de la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner y contrajo dos préstamos internacionales. Pero estos empréstitos no fueron aprobados por el Congreso nacional, tal como exige la Constitución paraguaya.
La SACE, que emitió la póliza de seguro del préstamo otorgado en 1986 por el banco Overland Trust de Ginebra (Suiza) a Gramont, pide la ejecución de los fallos de la justicia suiza luego de haber negociado y pagado 24.900.000 euros a los 10 bancos suizos que en principio habían demandado al Paraguay por los empréstitos.
Gramont confesó ante la justicia de Suiza que cobró por la gestión de los préstamos una “coima” de US$ 4 millones. Había falsificado burdamente documentos oficiales para conseguir el crédito y comprometer al Estado paraguayo.