Paralizados los casos de Zacarías y Amarilla

El imputado senador cartista Javier Zacarías Irún y el llanista Dionisio Amarilla están bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Mientras que el primero recurre a sendas chicanas para dilatar su proceso, el caso del segundo continúa cajoneado, aunque existe la “promesa” del contralor de remitir la declaración jurada del liberal.

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El equipo político del clan Zacarías Irún (ZI) apoya abiertamente al candidato a intendente de Ciudad del Este de Colorado Añetete Wilberto Cabañas. Pero el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) y la destituida intendenta esteña Sandra McLeod de Zacarías Irún (ANR, cartista), ambos imputados, se cuidan de no aparecer en público.

El senador ya fue dos veces desaforado. El primero, el 7 de febrero, tras ser imputado por supuesta declaración falsa junto a su esposa Sandra McLeod, exintendenta de Ciudad del Este; y el segundo, el 28 de marzo, tras ser imputado por supuesta lesión de confianza como instigador, hecho por el que la Fiscalía pidió su prisión. Desde entonces, recurrió a numerosas chicanas para no ir preso y dilatar su proceso.

Recusó a ocho fiscales y presentó un rosario de incidentes, tal como lo había señalado en un audio que se filtró cuando conversaba con el exjefe de prensa de la Municipalidad de Ciudad del Este Juan Sanabria, a quien dijo que debían dilatar el proceso donde ambos estaban imputados si era posible hasta que termine el mandato de este gobierno.

El líder del clan ZI, que durante 17 años sometió a Ciudad del Este desde la Municipalidad y la Gobernación, creando un esquema de recaudación que involucra a la mayoría de sus familiares y numerosos amigos, perdió el respaldo de sus colegas senadores, quienes en la sesión del 14 de marzo le intimaron a que renunciara a su banca, a la cual se aferra con ventosas.

Senador Amarilla

En cuanto al senador liberal llanista Amarilla, la Coordinadora de Abogados del Paraguay lo denunció por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias el 25 de julio del 2018. 

Antes de abrir una causa, la Dirección de Unidad Especializada del Ministerio Público, a cargo de Miguel Ruiz, solicitó a la Contraloría la correspondencia de bienes del legislador, lo que resultó llamativo porque la esposa del senador (Analy Valiente) era la encargada de otorgar dicha documentación, por lo menos hasta el pasado 30 de abril, fecha en que fue finalmente destituida como directora de Declaraciones Juradas de la Contraloría.

Amarilla tuvo solo dos trabajos en la administración pública antes de ser senador, lo que no condice con su elevado nivel de vida. Primero, fue administrador de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y su esposa funcionaria, cuando Froilán Peralta era todavía rector allí. Tras el caso de “UNA no te calles”, que reveló decenas de casos de planillerismo, la mujer fue trasladada, por presunto favor político, a Contraloría, a cargo entonces de Enrique García (éste renunció el 24 de abril). 

Amarilla es dueño de una residencia valorada en unos US$ 300.000 y otra propiedad en el barrio San José de Ñemby. El matrimonio también estrenó lujosos vehículos por valor de unos US$ 250.000 entre 2014 y 2017.

También fue uno de los políticos que más dinero invirtió en su campaña para las internas de diciembre del 2017. Según la ONG Semillas para la Democracia, solo en diciembre invirtió en publicidad G. 1.800 millones, siendo el segundo, después del presidenciable cartista Santiago Peña.

Lujos del liberal después de su campaña

Pocos meses después de la costosa campaña, en mayo del 2018 el senador Dionisio Amarilla compró al contado una camioneta Toyota Land Cruiser 2018 en la suma de US$ 127.000. Además, pagó a una empresa local poco más de G. 25.000.000 al contado por seguro contra siniestros.

Al legislador se lo vincula con una empresa constructora BGF SA, que en los últimos cinco años logró contratos por unos G. 122.000 millones con la Gobernación de Ñeembucú, a cargo de Carlos Silva, correligionario y amigo de Amarilla, para obras de mala calidad o inexistentes.

Pese a todas estas inconsistencias, la Fiscalía, que el pasado 27 de setiembre del 2018 anunció que lo investigará, no avanzó en nada y el caso se encuentra cajoneado y sin ningún atisbo de continuidad aparentemente.

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