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10 de Setiembre de 2018

| jueces complacientes no sancionan y fiscales tibios no piden que se aplique la ley

Parlamentarios chicanean con total impunidad gracias a sus influencias

La mayoría de los legisladores procesados por hechos de corrupción hace cuatro o cinco años vienen dilatando sus procesos. Los parlamentarios utilizan sus influencias y chicanean con total impunidad. La ley establece sanciones para el ejercicio abusivo del derecho, pero los jueces no las aplican. Los fiscales tampoco solicitan que los políticos sean castigados. Se evidencia un sometimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El 25 de octubre de 2013, los fiscales René Fernández, José dos Santos, Liliana Alcaraz y Claudia Criscioni imputaron al senador colorado, Víctor Bogado y a la niñera de sus hijas Gabriela Quintana, por estafa (G. 71 millones) y cobro indebido de honorarios.

El 4 de junio de 2014, los fiscales Luis Piñánez y Aldo Cantero acusaron a Bogado y a Quintana.

Hace más de cuatro años que la justicia no define si el legislador deber afrontar o no juicio oral y público. Su proceso está lleno de chicanas, que no son sancionados por los jueces.

El Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y una acordada de la Corte establecen claramente las sanciones que se deben aplicar a los procesados que provocan la dilación de sus causas. (Ver infografía).

Enzo Cardozo 

El 28 de diciembre de 2013, la entonces fiscala y actual jueza Claudia Criscioni imputó al exministro de Agricultura y actual miembro del Parlasur, Enzo Cardozo, por lesión de confianza. Le atribuyó un perjuicio de más de G. 68 mil millones al MAG.

El 6 de setiembre de 2014, los fiscales Martín Cabrera y Aldo Cantero acusaron a Cardozo.

El 14 de abril de 2014, la fiscala Alba Delvalle presentó una nueva imputación contra Cardozo y Rody Godoy. Esta vez por un perjuicio de G. 1.219.080.204 millones al MAG.

El 23 de marzo de 2015, la fiscala Delvalle acusó a Cardozo y Godoy.

Hasta hoy ni siquiera se hizo la preliminar en los dos procesos abiertos.

Buzarquis 

El 27 de junio de 2014, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis fue imputado por supuesta lesión de confianza y usurpación de funciones públicas por la contratación directa e innecesaria de una empresa italiana para una consultoría internacional. La fiscala Victoria Acuña estimó una perjuicio de US$ 500 mil al Ministerio de Obras Públicas, cuyo titular era Buzarquis, y otros US$ 100 mil a Yacyretá.

El 1 de julio de 2015, la fiscala Acuña acusó a Buzarquis por la comisión de los dos hechos punibles.

Buzarquis incluso admitió que usó un certificado médico falso para dilatar su caso. Hasta ahora no se puede realizar la preliminar.

Núñez Salinas 

El 23 de mayo de 2013, el fiscal Martín Cabrera imputó al diputado colorado Carlos Núñez Salinas por producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y contrabando. Le atribuyó el ingreso ilegal de decodificadores. El parlamentario tributó sobre US$ 17 mil, pero importó por US$ 1 millón.

El 17 de marzo de 2016, Cabrera acusó al legislador y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Duré

El 12 de abril de 2013, el parlasuriano liberal Milciades Duré fue imputado por la fiscala Victoria Acuña ante las sospechas de la sobrefacturación de las tierras de la firma San Agustín, del departamento de Cordillera, vendidas al Indert. El hecho punible atribuido al encausado fue el de lesión de confianza, ya que como consejero del referido ente avaló la irregular adquisición.

El 9 de abril de 2014 fue acusado y trabó el inicio del juicio oral y público.

Los también procesados parlamentarios, Tomás Rivas, Carlos Portillo y Teófilo Espínola dilatan sus casos, sin que sean sancionados.

 
 

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