“La inseguridad generalizada en distintos puntos del país y, en particular, agravada en el Norte, por la presencia y acción de la FTC, en vez de dar tranquilidad a la población, por su forma prepotente de actuar, mantiene en zozobra a gente humilde y a líderes sociales sin que tengan implicancia o pruebas delictivas”, señala el documento de los agentes de pastoral que trabajan con la Conferencia Episcopal Paraguaya.

Mencionan algunos ejemplos como el asesinato de dos miembros y una herida con ensañamiento de la familia Ovelar Candia en Kurusu de Hierro (05/09/14); allanamiento y tortura a varias familias de los Núcleos 3 y 6 de Arroyito (22/09/14); retención y tortura de Gumersindo Toledo, en Calle 14, Lucero Cue, presentando este una demanda contra la FTC, con el apoyo de organismos de DD.HH. de Asunción (21/10/14). En tanto el fiscal Joel Cazal acusó en declaraciones periodísticas a la Pastoral Social Diocesana de Concepción y a dirigentes campesinos de este departamento de entrenar a jóvenes y adolescentes para ingresar a la guerrilla.

La Pastoral también cuestiona el violento allanamiento de las viviendas de los hermanos Víctor y Gregorio Morales, apresamiento y traslado de los mismos a la cárcel de Concepción, acusados de apoyo logístico del EPP, sin prueba alguna. Los delegados pastorales sostienen que el amplio presupuesto de gastos con que cuentan la FTC y el prolongado tiempo de permanencia sin efectividad alguna, bien se hubiera invertido en educación, salud y obras viales que son necesarias para los pobladores.