Soler dijo que esta semana cerrarán el tema de la presentación o no de la denuncia a nivel judicial con el equipo jurídico con que vienen trabajando en el PPQ.
El parlamentario opositor señaló que es llamativo que ahora, ante la posibilidad de la denuncia, la administración de Efraín Enríquez Gamón salga a decir, mediante solicitada en la prensa, que va a remitir al Congreso el programa de gastos de 44,6 millones de dólares en concepto de gastos socioambientales, antes llamados gastos sociales de la Itaipú.
Enríquez Gamón asegura que no han acercado aún al Parlamento los gastos previstos, para que sean incluidos en el presupuesto 2012, porque “la tarifa de los servicios de electricidad para el ejercicio 2012, propuesta por el Directorio Ejecutivo, se encuentra en proceso de aprobación por el Consejo de Administración de la entidad”. En consecuencia, no cuentan aún “con un presupuesto a regir durante el presente ejercicio para este efecto”.
En el medio político se considera que los 44 millones de dólares serán utilizados con fines proselitistas por la cercanía de las elecciones generales de 2013. Soler enfatizó que en su partido están decididos a seguir intentando que los recursos públicos dejen de ser utilizados en forma discrecional en Itaipú. Dijo que la central energética se ha convertido en la “caja chica de los últimos gobiernos” para favorecer a sus adherentes.
Como muestra de poco interés de transparentar la administración de Itaipú, el diputado puso como ejemplo el anuncio público realizado por Enríquez Gamón de invertir el dinero del ente hidroeléctrico binacional en una de las desalinizadoras de la Secretaría de Emergencia Nacional para que funcione.
Según la aclaración de Itaipú, el programa de inversión de 44,6 millones de dólares es el siguiente: apoyo a educación 13,1 millones; apoyo a segmentos vulnerables, niñez y adolescencia 5,6; desarrollo sustentable 13,6; medio ambiente 5,5; salud en la frontera 5,8, y varios 1,0. También hay un monto de G. 50.773 millones, destinado a convenios, pendiente de aprobación parlamentaria.