El planteamiento fue realizado en el marco de un recurso de reposición, contra la decisión de la magistrada que admitió una querella por supuesta difamación, calumnia e injuria promovida por Bogado contra el director de nuestro diario y convocó a las partes para una audiencia de conciliación, fijada para el 12 de octubre pasado.
En aquella oportunidad, los representantes del director de ABC, Rodrigo Yódice y César Coll Rodríguez, fundamentaron su petición en la falta de igualdad entre las partes, habida cuenta de que el querellante goza de fueros.
La actitud obstruccionista de Bogado en la causa que soporta por estafa y cobro indebido de honorarios (caso niñera de oro), en el que la preliminar ha sido suspendida en ocho ocasiones y el hecho de que esté desprovisto de responsabilidad ante una eventual declaración de acción penal temeraria, maliciosa o falsa, son los principales fundamentos de la petición de la defensa.
Por esta razón y a los efectos de evitar que Zuccolillo litigue en situación de indefensión, la defensa del director de ABC plantea que como primera medida la jueza disponga el desafuero de Bogado, para luego estudiar la viabilidad de la admisión o no de la acción.
“Si bien la Constitución Nacional no menciona que parlamentarios para interponer acciones debe ser despojado de sus fueron, nosotros interpretamos que el Código Procesal Penal dice que los jueces deben allanar los obstáculos para hacer cumplir el principio de igualdad cuando existan privilegios que justamente debiliten este principio. Entonces, si para ser procesados tienen que ser despojados de sus privilegios, obviamente para pretender iniciar acciones legales en el ámbito penal por principio de respeto a la igualdad entre las partes, debería despojarse de este privilegio previamente a la admisión de la querella”, argumentó Yódice.
La magistrada tiene tres días hábiles para resolver.
Esta acción tiene relación con una publicación del 9 de setiembre pasado, sobre el caso del “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo Gómez. Carballo está procesado por cobro indebido de honorarios, por cobrar doble salario como funcionario de Diputados y de la Comuna capitalina.