Pedirán a Cartes que vete ley que elimina cobros ilegales de la ONG

La titular de la Opaci, María del Carmen Benítez (ANR-cartista) y esposa del diputado colorado Éver Rivas, está encargada de solicitar audiencia con Cartes para el lobby correspondiente, dijo a la prensa Núñez, luego de acompañar ayer a los integrantes de la selección de fútbol de salón de Villa Hayes, última campeona nacional de este deporte, que fueron llevados a Mburuvicha Róga a saludar al titular del Ejecutivo.

El miembro y expresidente de la Opaci sostuvo que siguen convencidos de que la entidad “es la genuina representante del gremio municipalista a nivel nacional” y que pese a las críticas sigue trabajando.

El Parlamento, luego de las denuncias del escandaloso manejo que el “clan” Núñez de Villa Hayes llevaba en la Opaci y las críticas por el cobro irregular de un canon de G. 10.000 y G. 20.000 por expedición y perforación del registro de conducir, sancionó un proyecto de ley que elimina ese cobro. Este documento está ahora en manos de Cartes para su promulgación o rechazo.

Los hermanos Basilio, actual ministro asesor político de Cartes; Óscar, diputado, y Ricardo, todos colorados, con el apoyo de algunos intendentes aliados, llegaron hasta a modificar los estatutos de la Opaci para seguir controlando la entidad, que anualmente recauda cerca de G. 30.000 millones.

Ante los cuestionamientos a la administración de la Opaci y el anuncio, inclusive, de un grupo de intendentes liberales de retirarse de la organización, los Núñez y sus aliados le designaron como titular a Benítez. Otra medida para hacer frente a las críticas y pedido de eliminación de la ONG fue bajar a G. 10.000 el canon por la expedición y perforación del registro de conducir. Núñez dijo ayer que hubo motivación política en los ataques a la Opaci así como en el anuncio de los intendentes liberales de renunciar a la organización. Aseguró que la renuncia masiva nunca se produjo. Agregó que los Núñez dejaron la Opaci y que la misma sigue funcionando normalmente. Finalmente, Núñez alegó que la entidad debe seguir cobrando para sostener su infraestructura y prestar los servicios a las municipalidades.