En su oficina de Nueva York, con una amplia vista de Midtown Manhattan a sus espaldas, recuerda que cuando escribió esos artículos y dio aquella conferencia para la SIP, Estados Unidos vivía una “absoluta histeria” en torno a la guerra a las drogas, algo parecido a lo que había ocurrido con el macartismo en los años cincuenta. El progresivo cambio de actitud, tanto en su país como internacionalmente, es el hecho que encuentra más relevante en los últimos años. Lo considera un factor de fundado optimismo para esperar verdaderos avances contra lo que concibe como una estrategia probadamente fracasada, con inconmensurables costos en recursos económicos y vidas humanas.
–¿Cómo compara la situación de hoy con la de 1988?
–Esencialmente, el paradigma y la estructura básica de prohibición global de las drogas y la guerra de Estados Unidos a las drogas han permanecido constantes. Pero si uno lo ve en perspectiva, en realidad han ocurrido dos cosas, una mala y una buena.
–¿Cuál es la mala?
–La mala es que el costo y las consecuencias negativas de la fracasada política de prohibición han escalado. En 1988 había algunas decenas de miles de convictos tras las rejas en Estados Unidos por cargos de drogas, hoy hay más de medio millón. En ese entonces se calculaba que un millón de personas habían sido arrestadas por posesión de drogas, hoy son decenas de millones. En aquella época los gastos estimados en esta “guerra” en Estados Unidos eran de 2.000 millones de dólares; hoy ascienden a por lo menos 40.000 millones de dólares por año, y hay quienes estiman 60.000 millones.
–Y sin resultados.
–Sin resultados. Ni subió el precio como decían ni cayó el consumo como prometían, todo lo contrario. Lo que sí creció es la cantidad de muertos en esta guerra. Es cierto que se aplacaron los graves problemas de violencia que había en Colombia en los ochenta, pero simplemente se mudaron a México, Centroamérica, Afganistán y muchos otros sitios.
–¿Qué es lo bueno, entonces?
–Lo bueno que ha ocurrido es que en aquella época solamente una pequeña minoría apoyaba el argumento del fracaso de la política de prohibición. Solo eran algunos precursores conservadores, como Milton Friedman y William Buckley, creo que un jefe de policía, el alcalde de Baltimore Kurt Schmoke y algunos activistas y miembros de la academia como yo. Ahora no solo se han sumado otros intelectuales de primer nivel y ex presidentes y ministros, como Mario Vargas Llosa, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, sino que últimamente lo han hecho presidentes electos en ejercicio, como Otto Pérez Molina, Juan Manuel Santos y Felipe Calderón. Esto es nuevo y es sumamente importante. Y también ha habido progresos en la reforma en sí.
–¿Como cuáles?
–En 1988 no existía algo llamado “marihuana legal para uso médico” . Hoy 16 estados y el Distrito de Columbia la han adoptado. Más de un millón de estadounidenses reciben prescripciones para uso legal de marihuana con fines médicos, hay más dispensarios de marihuana medicinal en California o Colorado que “coffee shops” de marihuana en toda Holanda. Pero, sobre todo, lo importante es el cambio de actitud. Antes se hacía todo para poner este tema en un rincón y evitar cualquier discusión real. Hoy esa discusión ya no puede evitarse.
–Se dice que hay intereses creados que necesitan que esta guerra continúe. ¿Hasta qué punto eso es cierto?
–Cuando me preguntan cuál es el obstáculo número uno para reformar las leyes de drogas yo contesto que es el “complejo industrial de prisiones” en los Estados Unidos y en el mundo, algo similar a lo que observaba Eisenhower con el complejo industrial militar y las guerras. Ese negocio de prisiones y seguridad ha crecido dramáticamente en los últimos 25 años.
–¿En qué consiste?
–Son las corporaciones que generan enormes cantidades de dinero construyendo prisiones privadas, administrándolas, o proveyendo servicios a las prisiones públicas, son los sindicatos de guardiacárceles, es la Policía, los fiscales, funcionarios de las agencias antidrogas, toda una red de sectores que no quieren ni escuchar hablar de reformas. Y eso a nivel local. Internacionalmente hay una masiva burocracia vinculada a las drogas también.
–Financiada en gran parte por Estados Unidos.
–Están allí sentados en Viena (sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), en varios otros lugares, gente que ha dedicado toda su carrera a defender y promocionar la estrategia de prohibición. Es como la “nomenklatura” de la Unión Soviética, gente que ha estado toda la vida montando la propaganda oficial.
Esa gente no puede siquiera imaginar un cambio, toda su identidad está ligada a la estrategia actual.
–¿Qué hacer con ellos?
–Algunos van a cambiar, pero la mayoría no. Habrá que esperar a que esa gente se vaya retirando y venga otra dispuesta a hacer las cosas de manera diferente.
–¿Es eso posible?
–En cierta medida ya está ocurriendo. Yo no voy a las reuniones de Viena, pero en la última sensión mis aliados me cuentan que ya percibieron que los vientos están comenzando a cambiar de dirección.
–Esta aceptación de Estados Unidos de sentarse a debatir, ¿es seria?
–Es una apertura, y es algo bueno que el presidente Santos y otros hagan que esa apertura parezca incluso mayor. Lo que el vicepresidente Joe Biden ha dicho como respuesta a la iniciativa de Otto Pérez Molina es que Estados Unidos está en contra de la legalización, pero reconoce que este es un tema legítimo de debate. Eso luego fue refrendado por el vocero del Departamento de Estado, Mike Hammer. Estuve en una reunión del Inter American Dialogue y la persona del Departamento de Estado que está organizando la participación de los Estados Unidos en la Cumbre de Cartagena repitió lo mismo. Esto representa un cambio en lo que el Gobierno de Estados Unidos ha venido diciendo en los últimos cincuenta, o tal vez cien años (desde la “guerra al opio” en 1909). Puede que no sea un gran cambio, pero es un cambio, y se puede tomar como un indicio de que Estados Unidos realmente se prepara para participar en este debate.
–¿Qué se puede esperar?
–No mucho en el corto plazo. Hay que entender que en Estados Unidos hay tremendos desincentivos en términos de política doméstica como para que la administración de Obama haga algo más con esto, especialmente en un año electoral. Pero si en la cumbre (de las Américas, en Cartagena) se obtiene una declaración, no sobre legalización, pero sobre la legitimidad del debate, y tal vez algún pequeño paso adelante, como establecer la necesidad de quebrar el tabú y poner todas las opciones sobre la mesa, esto sería un avance importante.
–¿Quiere decir que la legalización es impopular en Estados Unidos?
–Ese no es realmente el punto. Incluso si hay una mayoría en el público a favor, por ejemplo, de la legalización de la marihuana, el temor de los políticos se relaciona más con el aviso publicitario que saldrá en televisión la semana anterior a las elecciones. Alguien pondrá un aviso que dirá “El Presidente Obama quiere darle marihuana a nuestros hijos”. Ese es el temor.
–¿Es este un asunto que puede esperar?
–Uno puede ser impaciente por la reforma, pero también tiene que ser realista. Lo que se necesita ahora es crear un proceso para abrir y legitimar un debate donde los participantes no sean solo intelectuales y activistas, sino también representantes de los gobiernos. Yo creo que los presidentes Pérez Molina, Santos, Calderón y otros están trabajando en esa dirección y en una propuesta para poner sobre la mesa.
–Mientras tanto, hay gente que sigue muriendo y sufriendo.
–Hay que tener en cuenta que la actual política está imbuida en un siglo de leyes y convenciones nacionales e internacionales, en un siglo de propaganda; está imbuida, además, en un temor genuino de la gente por sus hijos. Por lo tanto, lamentablemente, esta es una transformación que llevará generaciones.
–¿Generaciones?
–En el contexto de Estados Unidos, la reforma de la política de drogas en 2012 es comparable con lo que fue el movimiento de los derechos de los homosexuales a fines de los años setenta, o lo que fue el movimiento de los derechos civiles a fines de los cincuenta, o el movimiento por la igualdad de la mujer en las primeras décadas del siglo veinte, o incluso el movimiento para abolir la esclavitud a mediados del siglo diecinueve en este país.
Todos estos fueron movimientos multigeneracionales. En todos los casos, los primeros que salieron a plantear cambios fueron vistos como personajes exóticos, fantasiosos. ¿Cómo que los negros deben ser tratados igual que los blancos? ¿Cómo que las mujeres son iguales a los hombres? ¿Qué es eso de que los gay no pueden ser discriminados? Sin embargo, las siguientes generaciones comenzaron a encontrarle sentido a esas ideas exóticas, a romper los tabúes, a evolucionar en el pensamiento, y allí se produjeron los cambios.
–¿En qué momento de su etapa de evolución usted pondría a la legalización de las drogas?
–Pienso que está apenas en su primera generación. Yo, por ejemplo, considero que juego un papel de liderazgo en este movimiento, pero veo mi rol como el de un mentor, un educador y un inspirador de la siguiente generación, para que esta pueda tomar su posición y llevar esta batalla al siguiente nivel.
Latinoamérica pide a gritos un urgente “alto al fuego”
Apenas después de asumir el Gobierno de Guatemala a principios de este año, el presidente Otto Pérez Molina, un general retirado de ala derecha con algunos antecedentes oscuros por su supuesta participación en ciertos hechos de violación de derechos humanos en el pasado, lanzó la iniciativa de reconocer el fracaso de la guerra a las drogas e iniciar un debate hemisférico sobre la legalización, convirtiéndose así en el primer jefe de gobierno en ejercicio en hacer una propuesta semejante.
Estados Unidos, que lidera la estrategia de guerra global a las drogas, al principio trató de desestimar el planteamiento. Sin embargo, se sumaron otros presidentes de la región en lo relativo a la necesidad de discutir alternativas, especialmente dos de gran importancia, Juan Manuel Santos de Colombia y Felipe Calderón de México, cuyos países no solamente ocupan un lugar central en este tema, sino que son aliados estratégicos de Washington.
Tal vez acorralada por las circunstancias, la Casa Blanca terminó mostrando una inesperada apertura. El vicepresidente Joe Biden anunció que la administración Obama sigue estando en contra de la legalización, pero que la considera un “tema legítimo de debate”.
El presidente Santos inmediatamente aprovechó la oportunidad e incluyó la cuestión en la agenda de la próxima Cumbre de las Américas a desarrollarse en Cartagena el 14 y 15 de abril próximos.
Adicionalmente, la Cancillería colombiana está impulsando la elaboración de una propuesta común con México y Centroamérica para hablar con una sola voz en la mesa de discusiones.
Si se deja de lado el alcohol, legalizado en 1933, este giro de la administración Obama es la primera variación en la política oficial de Estados Unidos en el área de estupefacientes ilegales desde que se declaró la “guerra al opio” en 1909, y sin duda desde que Richard Nixon puso en marcha la “guerra a las drogas” en 1972.
Latinoamérica, gran productora de marihuana, cocaína y heroína, es a la vez la mayor víctima de esta guerra sin final y sin resultados. Partes del continente se han convertido en lo que era Chicago en los años treinta, pero multiplicado por cien. Desesperadamente se necesita un “alto al fuego” y una reevaluación de la estrategia. Es lo mínimo que las víctimas se merecen.
(*) Enviado especial a Nueva York y Washington
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