Pericia sobre borrado de evidencia es necesaria, dice el fiscal general

El fiscal general, Javier Díaz Verón, reconoció que es necesaria la pericia para determinar si se borraron conversaciones de la frecuencia radial de la Policía, durante el atraco al PLRA.

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El titular del Ministerio Público, que actualmente concursa para el rekutu en el cargo, se refirió sobre esto en el Congreso Nacional, tras una reunión con el comité de presupuesto. 

Díaz Verón indicó que la versión de la adulteración de la evidencia (borrado de 131 comunicaciones en 40 minutos), es una presunción de la querella adhesiva presentada por la familia de Rodrigo Quintana, dirigente liberal asesinado en la madrugada del 1 de abril en el atraco policial a la sede del Partido Liberal.

“Es un aporte de la querella. Lo que corresponde es que los fiscales hagan una pericia, y si estamos ante este hecho, veremos ahí cuál es el resultado real de la situación porque importa determinar si hubo alguna adulteración y nosotros tenemos sistemas técnicos que nos permiten recuperar informaciones”, refirió el fiscal general.

Pese a esto, el pedido de pericia informática que hizo el abogado querellante Guillermo Duarte, sigue sin ser diligenciado por la fiscala titular de la causa, Raquel Fernández. 

La agente –que no atiende requerimiento de medios de prensa– se excusa con que actualmente está de turno para aprehendidos.

La postura de la agente roza con la “invitación” que hizo ayer Díaz Verón a periodistas, de “interiorizarse” de la causa con los mismos fiscales.

Protección

Díaz Verón rechazó que haya una directriz de proteger a altos jefes policiales, teniendo en cuenta que nadie está imputado por la orden irregular de ingreso al PLRA. Por el homicidio, solo está imputado y preso en la Agrupación Especializada el suboficial ayudante Gustavo Florentín, quien declaró que el actual ministro del Interior, Lorenzo Lezcano, le ofreció “dinero y casa” para que asuma el asesinato de Quintana. 

Con relación a las declaraciones de este, Díaz Verón también dijo que debe ser analizada por el equipo de fiscales.

El suboficial refirió que el comisario Amado Cantero ordenó el ingreso al PLRA y que el comisario Prudencio Burgos dio la instrucción de abandonar la sede del Congreso, que luego se quemó.

Ambos dieron las órdenes luego de recibir instrucciones por teléfono celular, según Florentín.

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