Pese a la evidente mala fe, la justicia no sanciona al senador Víctor Bogado

La justicia es muy complaciente con el senador colorado Víctor Bogado. Pese a una evidente mala fe del legislador y otros procesados en el caso conocido como “niñera de oro”, no son sancionados. El expediente está lleno de planteamientos dilatorios y no se castiga a nadie.

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El parlamentario, entre otras cosas, provocó la inhibición del juez Óscar Delgado, al nombrar como sus nuevos abogados defensores a José González Macchi y Víctor Galeano Perrone, amigos del magistrado.

El artículo 112 del Código Procesal Penal, que se refiere a la “buena fe”, establece claramente que las partes no deben hacer planteos dilatorios ni abusar de las facultades que les concede el Código. Enfatiza que durante la tramitación del proceso no se podrán designar apoderados o patrocinantes que se hallaren comprendidos respecto del magistrado, en una notoria relación para obligarlo a inhibirse por cualquiera de las causales enumeradas en el artículo 50 del Código Procesal Penal.

Agrega que en caso de incumplimiento de la norma los magistrados están obligados a cancelar todo nombramiento o patrocinio que se haga infringiendo esta prohibición, “sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en este Código”.

Sin embargo, Bogado pisoteó la referida disposición legal, con el evidente propósito dilatorio, cuando nombró defensores a González Macchi y Víctor Galeano Perrone, amigos del juez Delgado.

De esta forma el acusado consiguió su objetivo, ya que con el apartamiento del magistrado se suspendió una vez más la audiencia preliminar prevista por los días 28 y 29 de abril y 2 de mayo, pasados, en la que se tenía que resolver si afronta o no juicio oral por los hechos punibles de estafa y cobro indebido de honorarios.

Pese a la evidente mala fe del parlamentario, que incumplió claramente lo previsto en el artículo 112 del Código Procesal Penal, el juez Delgado no le aplicó ninguna de las sanciones previstas en el artículo 113 del mismo cuerpo legal (multa o apercibimiento), es decir, el magistrado hizo caso omiso a lo que manda la ley para favorecer al legislador colorado.

Hace más de dos años la fiscalía acusó a Bogado, el 4 de junio de 2014, pero hasta ahora ni siquiera se puede resolver si el parlamentario y los demás acusados, Gabriela Quintana (niñera de sus hijas) y Miguel Pérez (exjefe de gabinete), van o no a juicio oral.

El caso ahora se encuentra en la Cámara de Apelaciones que tiene que resolver si Delgado continúa o no como juez del proceso, ya que su colega Griselda Caballero impugnó su inhibición.

En el expediente se plantearon todo tipo de incidentes dilatorios, con los cuales las partes, que tienen la obligación de litigar con buena fe, consiguen dilatar el proceso penal.

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