Pese a la oposición del rector se pudo hacer la intervención

El interventor Ing. Agr. Pedro Gerardo González inició su tarea el 2 de febrero de 2015. En vez de declarar cesantes, como manda la ley, al retor, vicerrector y decanos, mientras dure la intervención, González los confirmó a todos.

Respecto a Ríos, pasó por alto la ilegalidad de la doble función, y doble remuneración de diputado y rector. El interventor ignoró los artículos constitucionales 196, 197 y 198. Este último es categórico al disponer que no pueden ser diputados los administradores de entes autónomos. La Universidad es autónoma por esencia.

Aun así, el interventor informó sobre varios casos de irregularidades y recomendó que se hiciesen algunos cambios. Señala, por ejemplo, las elecciones del rector y vicerrector con un año de anticipación sin ninguna razón valedera. Cuestionó la participación de representantes de dos facultades, recientemente creadas, sin tener la resolución de creación por parte del Cones.

Encontró que varias normativas reglamentarias “están desactualizadas y otras no existen (…) tales como la Carta Orgánica, el Reglamento General de Elecciones, el Reglamento Disciplinario para Estudiantes, Docentes y Funcionarios Administrativos; el Reglamento de Concurso para ocupar Cargos Administrativos y para el Ascenso y Promoción de los funcionarios administrativos; Reglamento para sumarios administrativos, tanto para funcionarios administrativos como para docentes y estudiantes; el Organigrama para el Rectorado y el Reglamento General de Posgrado, entre otros”. O sea, nada. Una universidad manejada al antojo del rector, sin normativas reglamentarias, o las existentes, desactualizadas.

En cuanto a la Radio Universidad FM 100.7, de la UNP, “hoy funciona con mucha precariedad y en condiciones peligrosas por la ubicación de su antena, en pleno centro de la ciudad y causando interferencias”.

La intervención dispuso, en uso de sus atribuciones, la reincorporación de la Prof. Dra. Eleuteria López de Caballero en los cargos docentes escalafonados que contaba al tiempo de su destitución, la que fue concretada por Víctor Ríos supuestamente por haberle criticado. Con este procedimiento de instalar el miedo consigue el silencio o la forzada adhesión de docentes y alumnos.

Otro hecho señalado por la intervención merece castigo con pena de prisión. Tiene que ver con el convenio entre la Universidad de Pilar y el Banco Continental. El dinero que la Universidad –Víctor Ríos– recibe del banco, debía ingresar íntegramente por la Perceptoría de la Universidad con el correspondiente asiento contable, conforme a las normas de procedimiento administrativo vigente. Y por esa vía no entró ni un centavo.

Acerca de otras cuestiones administrativas, la intervención encontró “iniquidades en las asignaciones a directivos y funcionarios, dándose el caso de diferencias muy grandes dentro de una misma facultad, entre facultades y con el Rectorado”. También “Denominaciones de cargos y salarios: en los cargos Administrativos y Docentes actualmente existe una enorme cantidad de denominación de cargos en las Facultades, Sedes y el Rectorado y los salarios varían sustancialmente aun cuando tienen la misma denominación. No se cuenta con una diferenciación salarial (estableciendo categorías diferentes) de los Profesores Titulares, Adjuntos, Asistentes, Encargados de Cátedra y Auxiliares de la Enseñanza”.

Hay más, mucho más: Los rubros docentes –según la intervención– de la carrera de ingeniería agrícola se hallan en el Programa de Extensión del Rectorado. Los rubros y las instalaciones que corresponde a la Estación Experimental de Agricultura y el Laboratorio de Ecología Básica Aplicada (LEBA), se encuentran dependiendo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural y de tener esta casa de estudios, la carrera de Ingeniería Agrícola.

Para graficar tenemos, entonces, que en la universidad de Víctor Ríos las actividades artísticas dependen del Departamento de Deportes; deportes de Ingeniería Agronómica; agronomía de la Facultad de Derecho, etc.

El informe del interventor incluye una larga lista de recomendaciones cuya implementación servirá para mejorar algo la Universidad de Pilar y prestar los servicios que la comunidad espera de ella a tan elevado costo.

PRÓXIMA NOTA: Informe de la Contraloría General de la República

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