Tras el levantamiento de la sesión ordinaria en el Senado por falta de quorum, el senador Petta sostuvo que en cualquier país serio la polémica concesión sería un escándalo sin precedentes, que involucra el tráfico de influencias desde el propio Poder Ejecutivo.
Remarcó que los 27 senadores que se ausentaron ayer, finalmente se sacaron la careta ya que no importaron los colores, “solo sus intereses en los que todos estuvieron de acuerdo”, manifestó.
Subrayó que el propio ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, confesó que su padre integra el consorcio Tape Porã y que el presidente de la República, Horacio Cartes, usó recursos estatales para persuadir al senador Carlos Núñez (ANR) con un viaje a Francia y el nombramiento de su hermano Humberto Núñez con un jugoso salario de G. 38 millones como superintendente de Seguridad de Itaipú.
Petta, exfiscal de Encarnación, señaló que solo resta esperar un cambio de gobierno y de escenario político para planear una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, contra la concesión directa hasta el año 2053 de la Ruta VII a favor del consorcio Tape Porã.
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Lamentó que actualmente no se pueda esperar ninguna investigación seria por parte del Ministerio Público contra el ministro Jiménez Gaona u otro funcionario. Aseguró que no hay en Paraguay un solo fiscal que anteponga el coraje antes que cuidar su cargo. Dijo que a esto se suma que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, solo responde a las órdenes del Ejecutivo.
Petta fue uno de los 18 presentes ayer en la Cámara Alta. Tras la sesión del jueves pasado, había denunciado un error en el conteo de 20 votos a favor y 18 en contra de la autorización de la concesión y el resultado quedó en 20-20. Luego, el Ejecutivo persuadió a dos colorados y la propuesta tuvo ayer sanción automática.
