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El domingo pasado la Contraloría presentó la apelación del fallo del juez Rubén Riquelme que obliga a la institución a presentar las declaraciones juradas de bienes requeridas a través de la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública.
Acosta, quien dijo no tener inconvenientes para revelar su patrimonio, sostuvo que la Contraloría debería tener una posición muy transparente, porque de lo contrario se interpreta que se está protegiendo a un grupo de funcionarios que quieren ocultar sus bienes. Añadió que la Contraloría debería cumplir con la disposición judicial y liberar las declaraciones de bienes y rentas que fueron requeridas.
Indicó que no se debería estar protegiendo a funcionarios corruptos porque el dinero con el que se enriquecieron es dinero público que debió ir a parar a hospitales públicos.
Para el legislador un funcionario no debería temer que se dé a conocer su patrimonio y tampoco la Contraloría debería negarse a cumplir con una orden judicial.
El diputado se preguntó si existe una determinación institucional para defender a los funcionarios que presentaron sus declaraciones juradas, porque considera que el afectado es quien debería accionar de forma particular y no manejarse el tema de forma institucional.
La apelación
La Contraloría en su apelación pone en duda las intenciones del periodista Juan Carlos Lezcano y del abogado Ezequiel Santagada, señalando que los mismos invocan ser miembros del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI). Creen que los datos a ser revelados serán utilizados para provecho particular de corporaciones con intereses sectorizados. Dentro de ese marco dudan que Lezcano y Santagada tengan legitimación activa.
La Ley de Acceso a la Información Pública señala claramente que la Contraloría es una fuente pública que debe proveer información pública. Sin embargo, la asesoría jurídica de Contraloría interpreta que dicha frase colisiona con otro articulado de la Ley 5033 de declaraciones juradas que habla de conceder autorización para revelar las declaraciones juradas.
A través de la Ley 5282 se requirieron las declaraciones del Presidente, Vicepresidente, fiscal general, el contralor y legisladores.