Cada día surgen más mujeres que aseguran haber sufrido acoso por parte de funcionarios de alto rango de la Itaipú Binacional. Algunas, como Norma Cardozo, otra de nombre Letizia Encina y una tercera, cuyo nombre pidió mantener en reserva, fueron desvinculadas de la entidad, supuestamente tras negarse a acceder a los “requerimientos” de sus jefes.
Las tres fueron sacadas sin causa justificada por lo que dos de ellas entablaron demanda laboral contra la institución. Todas las mujeres apuntan a un funcionario: Arturo Giménez, superintendente de Servicios Generales de la entidad. Esta oficina maneja un presupuesto que ronda las 35 millones de dólares americanos.
A ellas se suma ahora Mariza Yrigoyen, quien tras escuchar un audio emitido por radio ABC Cardinal 730 AM, donde se lo escucha a Giménez pidiendo ayuda a otra funcionaria para robar teléfonos que contendrían pruebas de acoso en su contra, decidió contar su historia.
Yrigoyen relata que Giménez en una oportunidad llegó a meterla a la fuerza a un motel en Asunción. Ante su negativa de permanecer en el lugar, este le preguntó cuál era el problema, que si era plata, se podía arreglar.
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Ante estos hechos, la abogada Sara Radice, extitular del Comité de Equidad y Género de la entidad, solicitó a la Fiscalía abrir una investigación.
Según Radice, es vox populi el acoso de varones que, utilizando sus cargos gerenciales, lo llevan como una práctica casi constante al interior de la Itaipú.
Acota que la Fiscalía debe actuar y realizar la investigación para aclarar los hechos que fueron denunciados. Esto sin contar que de los mencionados aparatos celulares cuya desaparición se solicitó pueden surgir elementos más graves e incriminatorios que ameritan sean objeto de investigación.
Asegura que se estaría ante varios hechos punibles como violencia de género y hurto de ser cierto que se pidió robar teléfonos para hacer desaparecer pruebas.