Entre los casos más conocidos mencionaron las causas que no tienen aún imputación como los del diputado Miguel Cuevas, senador Dionisio Amarilla, el clan Núñez en Presidente Hayes, Tomás Rivas, entre otros. 

También hicieron especial referencia a la causa del senador Víctor Bogado que está paralizada en la Corte que no resuelve una inconstitucionalidad. El juicio oral en esta causa está previsto para la quincena de abril por cobro indebido de honorarios.

Esther Roa, una de las cabezas de este grupo, indicó que pusieron a conocimiento de la fiscala general el caso que afecta a la fiscala Esmilda Álvarez, quien supuestamente interviene en varias causas en las que los denunciantes tienen vínculo laboral con su hija, quien es asesora jurídica. 

Roa también dijo que Quiñónez les manifestó su preocupación porque el Consejo de la Magistratura no envía unas 40 ternas para que la Corte designe de ellas a los fiscales.

La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) solamente tiene 12 fiscales que deben intervenir en las diferentes causas en todo el país. Se necesitan más profesionales, indicaron. 

Igualmente, refirieron que UDEA se desempeña en medio de precariedades, ya que no tiene peritos propios.