Piden clausura definitiva de la cárcel de Tacumbú

Este organismo autónomo presentó ayer un informe sobre el estado de los derechos humanos de personas privadas de su libertad. Expresa que el Estado no cumple con su obligación de velar por la calidad de vida de las personas que están bajo su custodia.

Destaca que de una población de 3.859 internos, 762 están condenados y 3.057 procesados, es decir, personas de quienes se sospecha haber cometido un hecho punible. Esa cifra revela una grave deficiencia del funcionamiento del sistema judicial, advirtió Roque Orrego, uno de los comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Este refirió que hay fuentes que dicen que la capacidad de la cárcel de Tacumbú es de 2.002 personas, otras 1.500 y otras 1.200. “En todos los casos hay un hacinamiento y una superpoblación que tiene un índice crítico”, dijo, y agregó que el hacinamiento implica un deterioro de las condiciones de vida y en una circunstancia edilicia que expone a peligros.

“Tacumbú es una bomba de tiempo, puede ser el foco de una desgracia social en cualquier momento. Entonces, teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia y Trabajo, por la ley penitenciaria, tiene la facultad de establecer la capacidad máxima de albergue de las penitenciarías del país, la primera recomendación es que ejerza esa facultad, establezca un límite a su capacidad de albergue y por el momento se cierren las puertas de Tacumbú”, manifestó. El Mecanismo también hace recomendaciones al Poder Judicial y a otras instituciones que tienen responsabilidad en la superpoblación penal de Tacumbú, como la Fiscalía y la Defensa Pública.

Orrego mencionó la necesidad de minimizar la aplicación de prisión preventiva y que esta figura se utilice como mecanismo extremo, para “evitar seguir cargando y convertir en lo que hoy es Tacumbú, un depósito de seres humanos en condiciones realmente lamentable de vida que torna el encierro en un trato cruel, inhumano y degradante”, puntualizó.

Hay una ley que no se cumple

“Una de las cosas que hemos descubierto es que si uno toma la Ley 210/70, que es la que regula el sistema penitenciario, podrá observar que no se cumple uno solo de sus artículos. Estamos hablando de una ley que se incumple en su totalidad. Ese es un aspecto muy grave” en un estado de derecho, afirmó Jorge Rolón Luna. “Esa es una situación que no se puede prolongar en el tiempo”, dijo.