La acción que fue presentada por el abogado Leonardo Ayala Balmori, en representación de los concejales Miguel Prieto, Javier Bernal, Lilian González, María Portillo, Teodoro Mercado y Herminio Corvalán, dice: “Los miembros del TSJE se excedieron alevosamente en sus funciones, dictando una resolución a todas luces inconstitucional, ilegal y desafiante a una Nación que se declara un estado social de derecho. Nos cuesta creer que los ministros del TSJE (Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María E. Wapenka) hayan omitido ingenuamente lo establecido en el marco legal vigente, por lo que solo nos resta suponer que las verdaderas intenciones de los firmantes de la resolución atacada, son las de pretender interferir directamente en la vida de todos los habitantes de Ciudad del Este, con el verdadero objetivo de ejercer la defensa de una persona públicamente cuestionada, buscando de esa manera evitar que continúe el proceso de intervención ya iniciado ante la Cámara de Diputados”.
Los concejales solicitan a la Corte que se expidan lo antes posible. Pese a que el TSJE se echó atrás y dejó sin efecto la resolución que aceptaba la renuncia de McLeod, los concejales consideran que la suspensión de los efectos no afecta al fondo de la cuestión. “Es un mal lavado de cara que quieren hacer. Lo que buscamos es la nulidad de la resolución en todos sus términos”, dijo el abogado. Según Ayala Balmori, con la aclaratoria que sacó el TSJE donde deja también sin efecto el llamado que hicieron a elecciones, no se suspende el fondo de la cuestión y en el futuro se podrían dar otro tipo de maniobras y por esa razón es que se pide que la Corte se expida sobre el fondo de la cuestión.
Los accionantes piden a la Sala Constitucional de la Corte que se corra traslado al TSJE y la Fiscalía General del Estado y oportunamente se dicte un fallo declarando inconstitucional la Resolución N° 132/18 dictada el pasado 26 de noviembre.