El escrito dirigido al contralor Enrique García solicita la intervención ante el claro caso de desviación de funciones y comisión de delito contra el patrimonio público de los funcionarios responsables actuales de Petropar.

Señala que el ente estatal y la ANR firmaron un “convenio secreto, anticonstitucional, ilegal, ilícito e inmoral, acordaron convertir algunas sedes partidarias en locales de expedición de combustibles o estaciones de servicio”.

Agrega que dichos actos desnaturalizan los objetivos tanto de la institución pública como de los partidos políticos involucrados y “sorprende que a pesar de haber tomado estado público este terrible negociado, la Contraloría no tomó intervención”.

“Solicitamos que el contralor disponga una auditoría general de ese acuerdo clandestino entre Petropar y la ANR, disponiendo el cese de las actividades de las estaciones de servicio y la devolución a los municipios afectados de los locales usurpados”, señala.

La nota refiere que mediante la investigación se podrá aclarar el grado de responsabilidad de las autoridades de Petropar.

La ANR anunció que se firmó en febrero pasado el polémico acuerdo entre la estatal y la empresa denominada Benítez y Asociados.

Según el contrato difundido por la ANR, es por 15 años, alquiler fijo de G. 3 millones al mes, más 10% sobre ganancia bruta por mes. Las estaciones de servicio están en plena construcción y serán instaladas en las subseccionales coloradas en Fernando de la Mora zona norte.