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Esta entidad de derechos humanos espera que a partir de la nueva ley de “Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia” haya respuesta más rápida de las instituciones en casos de denuncias de violencia contra la mujer.
Señala que la negligencia de las autoridades en la recepción y respuesta ante casos de violencia quedó evidenciada con el caso de la joven de 21 años, residente de Juan E. O’Leary, que era golpeada y vejada por su pareja, quien incluso filmaba y compartía las escenas de tortura. La mujer logró escapar para hacer la enuncia ante la fiscala Mónica Larrosa, quien tomó intervención en la causa. La mujer relató que ya había hecho denuncias similares en casos anteriores, pero que no recibió respuesta alguna.
El sindicado como responsable, Virginio Morínigo González, actualmente está detenido por violencia doméstica en la cárcel de Ciudad del Este.
“El Estado debe garantizar que los funcionarios públicos que presten servicios en los órganos de atención, investigación y sanción de los hechos de violencia contra las mujeres cumplan con sus deberes y obligaciones y respondan eficazmente a las funciones asignadas en la ley y a las necesidades de los casos que se les presenten para salvaguardar, entre otras cosas, la integridad física de la mujer víctima de la violencia y sus dependientes, so pena de las sanciones correspondientes y destitución”, dice el artículo 10.