“Consideramos necesario manifestar que negamos y rechazamos todas y cada una de las afirmaciones sostenidas por los accionantes”, expresa el documento del Órgano Selector.
Un grupo de cuatro concursantes para el llenado de tres vacancias en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) había cuestionado la decisión del Órgano Selector para los tres cargos en el MNP. Incluso presentaron un amparo constitucional contra la resolución. El juez Daniel Ferro dio trámite al amparo y pidió informes al Órgano Selector (OS) sobre la elección de tres comisionados para el MNP.
El citado órgano respondió los cuestionamientos al proceso de selección y pide al juez que se rechace el amparo.
Ante la supuesta falta de legitimidad de dos miembros del Órgano Selector (Alejandra González Rioboo y Carlos María Aquino), responde que la designación de miembros del OS es por cinco años. Señala que el hecho de que los mismos en la actualidad ejerzan funciones distintas a la del momento de haber sido nombrados por sus instituciones “no deslegitiman su representación”.
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Al supuesto incumplimiento de las formas y plazos de notificación que reclaman los accionantes, responde que el OS tiene la facultad de establecer un reglamento de audiencias públicas para el cargo de comisionado, y agrega que todos los plazos y términos fueron debidamente cumplidos como se podrá comprobar en el acta Nº 8 del 15 de diciembre de 2015. “Corresponde también el rechazo del amparo, ya que no existe omisión ilegítima que haya vulnerado algún derecho o garantía de los accionantes”, expresa el OS.
En cuanto a la designación de un ternado ausente en la audiencia pública, el OS señala que Dante Ariel Leguizamón Morra presentó un pedido de ausencia justificada. Estaba en misión de trabajo en Ginebra, Suiza en representación de la Codehupy. “No participar de la misma (audiencia), no era una condición que descalifica al postulante”, expresa el informe del OS al juez Daniel Ferro.
Respuesta
Según el argumento: “El procedimiento de selección fue riguroso ajustado a la ley. Se revisó cada currículo, se requirió una autoevaluación de pares para quienes integran el Mecanismo Nacional, se llevó a cabo entrevistas confidenciales con actores claves, se dio la oportunidad de escuchar en audiencias públicas a ternados y a la ciudadanía”, agrega el documento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.