La presentación la realizó en nombre de la citada comisión vecinal el abogado Rodolfo Manuel Aseretto, con la firma también de Alcides Villalba y Eugenio Delgadillo.
Expresan que esa situación afecta gravemente sus derechos a la vida digna, a la libertad, derecho a la propiedad y daños irreparables al medio ambiente.
Piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admita la petición, “por haber el Estado paraguayo admitido el uso y abuso del brasileño Tranquilo Favero y su familia”, en detrimento del derecho campesino, habiéndose violado sistemáticamente los derechos humanos contra el campesinado de la comisión vecinal Santa Lucía de Ñacunday.
Solicita se les conceda en calidad de medida cautelar de urgencia, la superficie de 11.000 hectáreas, y posteriormente con la resolución definitiva “se recupere de los usurpadores” las 165.000 hectáreas, que pertenecen al Estado paraguayo para su posterior entrega a los labriegos. Piden también resarcir a los miembros de la comisión vecinal.
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