Los movimientos que apoyan al presidenciable liberal y titular del PLRA, Efraín Alegre, son los que presentan a los candidatos más cuestionados en estos departamentos.

En Cordillera, la Lista 100 G, sector que lidera el diputado y aspirante a senador Dionisio Amarilla, candidata para concejales departamentales a Graciela Aguilera, seguida por Julio César Romero Pedrozo.

Este último es uno de los 10 acusados por la Fiscalía, desde el 2015, por el delito de lesión de confianza, descubierto de ser “planillero” del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

En San Pedro, el PLRA cedió el primer lugar de su lista de concejales departamentales al Partido Tekojoja, en el marco de una alianza.

Ahí, la Lista 3, que lidera el diputado y aspirante a senador Víctor Ríos, ubica en el tercer puesto de la nómina a Eugenio Roda Riquelme, exintendente de Gral. Resquín, denunciado por la Contraloría por mala utilización de Fonacide.

También en San Pedro, la Lista 4, liderada por el aspirante a senador Salyn Buzarquis (imputado) ubica en el tercer lugar de la lista a Darío Ramírez Cáceres, exintendente de Antequera, denunciado por la Contraloría por daño patrimonial.

En Paraguarí, la Lista 13, movimiento que lidera el aspirante a senador Alfredo Jaeggli, candidata a concejal departamental a María Gloria Caballero Fretes.

Esta última es exintendenta de Quiindy, denunciada en 2013 por ser una docente “planillera” y cobrar tres sueldos del rubro educativo sin trabajar.

En Guairá, la Lista 5, del movimiento que lidera la senadora Emilia Alfaro, quien busca el rekutu, candidata a edil departamental a José Miguel Melgarejo Santacruz, exdirector del Penal de Guairá, cuya gestión fue intervenida por irregularidades.

Para el periodo 2018-2023, la Gobernación de San Pedro tendrá 21 miembros en su Junta departamental; Cordillera tendrá 18; Paraguarí 16 y Guairá 14.

Estos funcionarios electos popularmente cobran cada uno alrededor de G. 8 millones y tienen la función de normalizar y fiscalizar la tarea del gobernador.

Sin embargo, la existencia misma de las gobernaciones es puesta en duda por un creciente sector de la población y se habla de eliminar sus funciones en una reforma constituyente.